Guadalajara, Jalisco.

La agresión contra la periodista de Canal 44, Rocío López Fonseca, por parte del gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, no es un hecho aislado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) tiene documentados 24 ataques contra la prensa en lo que va de este año por parte de diferentes autoridades y particulares, pero en su mayoría por el Ejecutivo.

Su presidente, Alfonso Hernández Barrón, dijo que se trata de agresiones y ataques de todo tipo, de los que la Comisión lleva el conteo.

“Nosotros tenemos documentadas, en lo que va del año, 24 agresiones contra periodistas, que van desde hostigamientos, amenazas, descalificaciones y esto nos habla de una falta de la política de Estado para garantizar el ejercicio periodístico y el respeto a la dignidad de las y los periodistas. Por eso, es necesario que se revise a fondo esa política y se consolide al menos lo que ya está establecido en la ley”.

Informó que ya intervienen en el caso de la periodista de Canal 44, a quien el gobernador acusó de “reventar” eventos e impidió al secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, brindar una entrevista frente a los cuestionamientos de la reportera por el desabasto de insumos en el Hospital General de Occidente.

Desde el mismo día se abrió un acta de investigación que es integrada por esa Comisión y hoy emitirán medidas cautelares al Ejecutivo. Una de ellas por la agresión a la periodista, y otra por la falta de funcionamiento del Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

“Tenemos una Ley Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; además hay una ley nacional también. Lamentablemente no ha funcionado como está establecido ahí. No tenemos integrado en este momento el Consejo Consultivo del Mecanismo Estatal, de tal manera que, más allá de los casos en particular, urge que el Gobierno de Jalisco consolide y haga cumplir lo que la propia ley dispone en materia de periodistas”.

La investigación de la Comisión local es independiente a la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).