Gobierno alemán aprueba facilitar acceso de refugiados al empleo
El canciller alemán, Olaf Scholz, antes del inicio de la reunión del gabinete que lidera. Foto: Michael Kappeler/dpaCrédito: Michael Kappeler/dpa




Berlín, Alemania

El Gobierno alemán aprobó hoy enmiendas legales para facilitar el acceso al mercado laboral de los solicitantes de asilo y extranjeros cuya estancia es tolerada en el país, informaron fuentes gubernamentales en Berlín.

  • Según lo dispuesto por el gabinete de socialdemócratas, verdes y liberales al mando de Olaf Scholz, dichas personas podrán obtener por regla general un permiso de trabajo.

Además, la prohibición de trabajar para los refugiados que viven en centros de acogida inicial para personas solas se levantará después de seis meses. Antes, la prohibición de trabajar se aplicaba durante nueve meses.

La coalición de Scholz también quiere cambiar la regulación de la fecha límite para la llamada tolerancia laboral. Hasta ahora, solo pueden acogerse a ella quienes hayan llegado a Alemania antes del 1 de agosto de 2018.

En el futuro, todos los que hayan entrado en Alemania antes de finales de 2022 podrán hacer uso de esta posibilidad para tener así una perspectiva de permanecer en el país a largo plazo.

Las personas que hayan presentado solicitudes de asilo "manifiestamente infundadas" procedentes de los llamados países de origen seguros o que se hayan negado a aclarar su identidad no podrán beneficiarse de las facilidades que se han introducido.

Los tolerados son personas obligadas a abandonar el país pero que no pueden ser deportadas por determinados motivos. Según el Registro Central de Extranjeros, unas 304.000 personas estaban obligadas a abandonar el país a finales de 2022, de las cuales unas 248.000 tenían un permiso de tolerancia.

"Los empresarios buscan desesperadamente trabajadores, los municipios necesitan alivio y las personas que trabajan contribuyen, se convierten en contribuyentes", explicó Andreas Audretsch, líder adjunto del grupo parlamentario de Los Verdes.

También se aprobó una propuesta para endurecer las disposiciones penales contra los contrabandistas de personas. Los contrabandistas que por imprudencia pongan en peligro la vida de las personas serán castigados con cadena perpetua o prisión de 10 a 15 años. Hasta ahora, las penas oscilan entre tres y 15 años.