Bruselas, Bélgica.

El Parlamento Europeo y los países de la Unión Europea acordaron el martes una directiva contra la violencia hacia las mujeres, para combatir mejor la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y la divulgación de imágenes íntimas.

Sin embargo, los eurodiputados lamentaron que la violación no se haya incluido en la legislación, debido a la oposición, por razones legales, de algunos de los Estados miembros.

La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró este acuerdo sobre un texto que permite "garantizar la misma protección a todas las mujeres, en todos los países de la UE y en el ciberespacio".

"Ya es hora de que las mujeres disfruten de este derecho fundamental, que es el derecho a estar libres de violencia", dijo en la red social X.

• Esta directiva penaliza a nivel europeo la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el intercambio no consensuado de imágenes íntimas, el acoso cibernético, la incitación al odio o la violencia en línea.

El texto allana además el camino para sanciones armonizadas dentro de los 27 países de la UE.

La legislación también contiene disposiciones destinadas a proteger a las víctimas de violencia y garantizarles un mejor acceso a la justicia.

"La Unión Europea está enviando un mensaje claro de que se toma en serio la violencia contra las mujeres", dijo en una conferencia de prensa la eurodiputada irlandesa Frances Fitzgerald (PPE, Demócratas Cristianos), una de las negociadoras.

Sin embargo, expresó su "gran decepción" porque la cuestión de la violación no esté cubierta por esta Directiva sobre la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica.

El texto fue objeto de intensos debates durante meses y no hubo consenso sobre la definición legal de la violación.

El borrador, presentado el 8 de marzo de 2022 por la Comisión Europea, preveía en su artículo 5 una definición de violación basada en la ausencia de consentimiento.

Pero una docena de Estados miembros, en particular Francia, Alemania y Hungría, se opusieron a la inclusión de la violación en la legislación, afirmando que la UE no tiene competencia en la materia y que el texto corría el riesgo de ser revocado por la justicia europea.