Ciudad de México, México.

En la Ciudad de México, no hace falta una orden judicial para despojar a una persona de la propiedad en la que ha vivido durante varios años. Una investigación periodística reveló que desde el año 2016, la Fiscalía Ambiental obtuvo facultades para poder intervenir en conflictos de vivienda y expulsar a los habitantes sin darles la oportunidad de defenderse. 

Eliana Gilet, reportera independiente que investigó el caso desde hace siete años, señaló que dicha dependencia opera sin la intervención de un juez y entrega las propiedades al capital inmobiliario. 

“Ya no hace falta una sentencia judicial para vaciar una vivienda en la Ciudad de México. Desde enero de 2016, a partir de un acuerdo del entonces procurador Rodolfo Ríos Garza, durante el gobierno del actual senador, Miguel Ángel Mancera, se le dio a una fiscalía que en aquel entonces era menor, una fiscalía ambiental la potestad para investigar en toda la capital las denuncias del delito de despojo (...)

Y lo que nosotros encontramos en el reporteo es que ese superpoder que no pasa por el control de ninguna otra autoridad fue utilizado para definir antiguos conflictos de vivienda de mucho tiempo, expulsando a los vecinos sin permitirles defenderse y entregando esas casas una vez que la autoridad las había tomado al capital inmobiliario”. 

Durante la investigación, Eliana y sus compañeros registraron más de 100 desalojos, en la mayoría de ellos, con anomalías por parte de esta autoridad a la que describieron como la “Fiscalía del Despojo”. 

Entre las irregularidades, detectaron que la fiscalía asegura los inmuebles una vez que expulsa a los vecinos, y éstos ya no pueden recuperar no solamente su vivienda, sino sus demás bienes materiales. 

“La fiscalía ambiental asegura los inmuebles, y es la forma en la que ellos, este eufemismo para mencionar esta toma violenta de los espacios, y deja todas las pertenencias de la gente dentro. Entonces, no solamente estas personas quedan sin su casa, sino que quedan sin ninguna de sus pertenencias”. 

Además, pueden operar sólo con una denuncia anónima, sin pruebas e incluso, con denuncias a personas fallecidas. 

La reportera añadió que también se criminaliza a los vecinos, con tal de no darles ninguna oportunidad de defenderse. 

“El otro elemento que identificamos en este mecanismo de despojo es que se penaliza lo civil. Antes los desalojos se procesaban en la justicia civil como controversias de arrendamiento y lo que encontramos que esta fiscalía hace es  cambiar la percepción sobre antiguos vecinos con derechos, beneficiarios de la política social que procesaba sobre todo el instituto de vivienda de la capital, y acusarlos del delito de despojo. O sea, que las personas pasen de ser vecinos a imputados, de beneficiarios de la política social a imputados de un delito”.  

Eliana indicó que la Fiscalía no regula el tema de la propiedad, solamente intervienen con la posesión, por lo que los ciudadanos despojados quedan a la deriva. 

Pese a ello, los vecinos siguen exigiendo justicia y que las autoridades escuchen sus reclamos y las denuncias por los despojos violentos.