Guadalajara, Jalisco.

Para combatir las prácticas de corrupción en la que políticos benefician a ciertas empresas constructoras a cambio de sobornos, la diputada Rocío Corona presentó una iniciativa para modificar la Ley de Contratación de Obra Pública del Estado de Jalisco.

Esta reforma contempla la inhabilitación de funcionarios y contratistas que incurran en este tipo de conductas, aunado a las penas de cohecho que ya existen y que oscilan entre uno y doce años de prisión.

También se combatirá a las que llamó "constructoras patito", creadas al vapor para participar en adjudicaciones directa, restringiendo esta figura únicamente a compañías con cuatro años de existencia.

También obliga a que Estado y municipios realicen auditorías de calidad previo a recibir las obras y se publique en internet una lista negra de contratistas inhabilitados por haber cometido actos de corrupción.

Finalmente se creará un Comité Ciudadano de Contratación de Obra Pública formada por tres ciudadanos independientes que surgirán del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y Comités de Contraloría Social constituidos por vecinos.