Guadalajara, Jalisco. 

La comunidad indígena de Mezquitán, a la que se le adeuda una millonaria indemnización por poco más de 26 hectáreas que cedió a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes para la ampliación de la ruta federal 54, conocida como carretera a Saltillo,

rompió el diálogo con la dependencia al considerar que ésta ha empleado recursos dilatorios para no asumir su responsabilidad de pagar.

En conferencia de prensa, el presidente de la comunidad, Saúl Rodríguez Barajas, destacó que la instancia federal ha despreciado la problemática interna que la falta de pago ha traído a la comunidad campesina, donde varios comuneros han muerto sin ver la compensación para su pérdida de patrimonio, que data de 21 años. 

Los comuneros decidieron retirarse de las mesas de diálogo a las que se han presentado desde hace más de 12 meses en las oficinas de la SICT, pues consideran que solo han servido como distractores,

para retrasar aún más el pago de las obligaciones derivadas de los convenios firmados hace más de 21 años. Además, pretenden realizar manifestaciones pacíficas, “para hacer pública nuestra molestia y enojo por este incumplimiento y para reclamar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y transportes (sict), cumpla con los acuerdos de indemnización”.

• Señalan que podrían determinar acudir a la ciudad de México para gestionar el pago que se ordena en las sentencias Agrarias, y en caso de que persista la negativa, tramitar la devolución de sus tierras.

El representante de la defensa jurídica de la comunidad, Antonio Rocha Santos, señaló enfático el desgaste que ha sido gestionar el pago, una vez que se han ganado procedimientos judiciales, para una comunidad cuyos recursos económicos para defender su causa son limitados.

La representación comunal acudió esta mañana al Congreso de Jalisco para solicitar apoyo de los legisladores. El 9 de agosto pasado entregaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, con su pliego de demandas.

Días después, la oficina de la presidencia les notificó que no habría dinero para pagarles este año, pese al carácter de la sentencia agraria que los ampara.

La idea es que los legisladores locales y federales apoyen para que se incorpore la partida de indemnización en el presupuesto del año 2026.