Guadalajara, Jalisco. 

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) exigió la libertad inmediata, justicia y respeto al debido proceso para las 40 personas detenidas tras la protesta del 15 de noviembre en el Centro Histórico de Guadalajara, al afirmar que la mayoría de las detenciones fueron arbitrarias y ejecutadas con uso excesivo de la fuerza.

Así lo señaló Denise Montiel, codirectora del organismo, en entrevista para Señal Informativa, donde también acusó actos de tortura y retrasos deliberados en la puesta a disposición ante el Ministerio Público.

Montiel aseguró que muchas de las personas privadas de la libertad no formaban parte de la protesta, sino que se encontraban en la zona por motivos cotidianos: estudiantes, trabajadores o personas que sólo transitaban por el Centro o documentaban los hechos.

Según el Cepad, varias de ellas fueron detenidas en Palacio de Gobierno y posteriormente trasladadas a la Fiscalía estatal en Calle 14, donde continuaron los malos tratos físicos y psicológicos.

Señalaron también que las detenciones no fueron registradas de inmediato en el Registro Nacional de Detenciones, y familiares no supieron del paradero de los detenidos hasta el día siguiente, lo que, afirma, constituye posibles actos de desaparición forzada de corta duración.

• El organismo denunció que estas acciones se insertan en un patrón represivo con antecedentes en Jalisco desde 2004, y que se ha repetido en eventos como el 1 de diciembre de 2012 y las protestas de 2020:

uso excesivo de la fuerza, fabricación de delitos, criminalización de manifestantes y aplicación punitiva del sistema penal bajo acusaciones de daños o agresiones a la autoridad.

Respecto a las declaraciones del gobernador, quien afirmó que 17 de los detenidos eran “personas peligrosas” y no originarias de Jalisco, Montiel señaló que dichos señalamientos violan la presunción de inocencia y condicionan el actuar judicial.

Agregó que algunos de los detenidos son personas purépechas con más de dos décadas viviendo en el estado, pero que han sido criminalizadas bajo el argumento de ser “foráneos”.

• El Cepad también cuestionó el rol de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que afirmó haber acompañado los procedimientos en Palacio de Gobierno y durante los traslados. Sin embargo, Montiel aseguró que precisamente en esos lugares ocurrieron actos de tortura, lo que calificó como incongruente.

La audiencia para determinar si las 40 personas serán vinculadas a proceso continuaba este martes por la tarde. El Cepad expresó preocupación por el juez encargado del caso, a quien atribuyen antecedentes de validar violaciones a derechos humanos en procesos previos.