Guadalajara, Jalisco.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación que involucra a tres mujeres agentes del Ministerio Público que tardaron más de dos años en atender un caso violación de una pequeña y ordenar una indagatoria, pero además el ombudsman aprovecha para pronunciarse enérgicamente para que los órganos del Estado atiendan con verdadera urgencia los casos de violencia contra la mujer.

El Ombudsman dictó la Recomendación 53/16, dirigida a la fiscal central del Estado, Marisela Gómez Cobos, que da cuenta del abuso sexual que sufrió una niña hace dos años y por cuyos hechos apenas el pasado 7 de diciembre se abrió una averiguación previa, la CEDHJ, hizo un pronunciamiento para que las mujeres obtengan justicia de manera pronta y expedita.

Quedó acreditado que las agentes del Ministerio Público Verónica Zárate Villanueva, Jessica Ivonne Paredes Romero y Fabiola Castellanos Pinto omitieron actuar con puntualidad y celeridad en las diligencias correspondientes a la investigación en un tema tan grave como el presente.

Para ellas se está pidiendo que se les abra un proceso administrativo de responsabilidad y se anote en su expediente que violaron los derechos humanos.  

En ese sentido, el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, expuso el caso como emblemático de como son revictimizadas las víctimas de violencia sexual y en concreto las mujeres.

Recordó que existe una alerta de género y la atención a este caso deja mucho que desear.

Calificó el hecho como grave, además de que exhibe la indolencia de la autoridad y fortalece la impunidad.

Lo ocurrido, dijo, nos obliga a hacer del conocimiento de la sociedad que todos debemos actuar de una manera eficaz y eficiente con la única finalidad de erradicar la aberrante y dolorosa violencia contra las mujeres.

Informó que durante 2016 se emitieron 53 Recomendaciones, de las cuales 32 son a favor de mujeres adultas o menores de edad que sufrieron alguna clase de violencia, ya sea por particulares o servidores públicos, y en las que algunas autoridades no actuaron adecuadamente para que se les restituyeran sus derechos.

La CEDHJ encontró que tres agentes del Ministerio Público incurrieron en la violación de los derechos humanos de la niñez, la igualdad, la legalidad y seguridad jurídica, por incumplimiento de la función pública, la falta de perspectiva de género y el incumplimiento de la obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en la procuración de justicia.