Río de Janeiro, Brasil.

El secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, artífice de la política de pacificación de las favelas, renunció el martes tras una escalada de violencia en plena crisis financiera del Estado de Rio. 

"El secretario José Mariano Beltrame ha pedido salir del gobierno" a partir del próximo mes, informó en un comunicado enviado a la AFP el gobierno del Estado de Río.

Beltrame lleva diez años en el cargo, período en el cual desarrolló el proyecto de las UPP (Unidades de Policía Pacificadora), las comisarías de policía vecinal instaladas en varias barriadas de Rio -conocidas como "favelas"- desde 2008 para arrebatar el control a los traficantes de droga. 

El programa fue instalado para mejorar la seguridad en estas zonas vulnerables de cara a la Copa del Mundo de 2014 y luego por los Juegos Olímpicos de 2016.

La prensa local afirma que Beltrame tenía intenciones de abandonar el cargo desde fines de 2014. 

Su renuncia se conoció después de nuevos enfrentamientos este lunes entre policías y traficantes en una favela próxima a los barrios turísticos de Copacabana e Ipanema, en la zona sur de la ciudad. 

El episodio causó pánico entre los habitantes y comerciantes de ese sector y dejó tres delincuentes muertos y cinco personas heridas, tres de ellas policías. 

La seguridad pública en el Estado de Río sufrió un corte presupuestario de 30% este año. 

Preparándose para los megaeventos deportivos de los últimos años, el gobierno local invirtió desde 2008 en la instalación de UPPs en 264 favelas, donde vive un millón y medio de personas. 

Cerca de 10.000 elementos han sido desplegados en estos territorios, pero los narcotraficantes buscan constantemente retomar el control en algunas favelas.

Desde 2008, Beltrame insistía con frecuencia en la importancia de implementar la segunda fase del programa de UPPs, que preveía la instalación de servicios sociales (como guarderías, escuelas y centros de salud) en aquellas favelas "pacificadas". La sola represión no sería suficiente a largo plazo, subrayaba el entonces secretario. 

La ciudad, de 6,5 millones de habitantes, con fuertes disparidades sociales, se ve confrontada a altos índices de criminalidad, atizados por guerras entre bandas de narcotraficantes que disponen de importantes arsenales de armas.