Naciones Unidas, Estados Unidos.

La sanciones anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la Corte Penal Internacional (CPI) "aumentan el riesgo de impunidad de los más graves crímenes y amenazan con socavar el estado de derecho" en el mundo, denunciaron 79 países que han adherido a ese tribunal.

"Actualmente, la Corte se enfrenta a desafíos sin precedentes", denunciaron los 79 firmantes en un comunicado conjunto refiriéndose en concreto a las sanciones de Estados Unidos contra los directores y empleados del ente, acusados por Trump de realizar "acciones ilegales", en particular contra Israel, cuyo primer ministro es objeto de una orden de arresto.

• "Tales medidas aumentan el riesgo de impunidad para los crímenes más graves y amenazan con socavar el Estado de derecho internacional, que es crucial para promover el orden y la seguridad en el mundo", añade el texto iniciado por Eslovenia, Luxemburgo, México, Sierra Leona y Vanuatu, al que se han sumado Reino Unido, Sudáfrica, los palestinos, Francia, Alemania, Canadá, Chile y Panamá, entre otros.

Las sanciones "podrían amenazar la confidencialidad de información sensible y la seguridad de los afectados, incluidas las víctimas, los testigos y los funcionarios de la Corte, muchos de los cuales son nuestros ciudadanos", precisa el texto.

Asimismo, "socavarían gravemente todos los casos que se están investigando, ya que la Corte podría verse obligada a cerrar sus oficinas sobre el terreno".

"Como países decididos a apoyar a la CPI, lamentamos cualquier intento de menoscabar la independencia de la Corte", agregan los firmantes, que subrayan su "continuo e inquebrantable apoyo a la independencia, imparcialidad e integridad" de la Corte, un "pilar vital" de la justicia internacional.

"Nos comprometemos a garantizar la continuidad de los trabajos de la CPI para que pueda seguir desempeñando sus funciones con eficacia e independencia".

Fundada en 2002, Estados Unidos, Israel y Rusia no forman parte de los 124 estados miembros de la CPI, una jurisdicción permanente encargada de perseguir y juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.