Guadalajara, Jalisco.

Por cada persona que desaparece, se afecta la salud, la alimentación, la vida laboral y los ingresos económicos de otras diez personas, entre ellos los padres, hermanos o hijos o parejas.

Por ello, colectivos de familiares de desaparecidos, académicos y diputados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como funcionarios del Gobierno de Jalisco, coincidieron en que deben reformarse diversas leyes para reconocer a las familias de los desaparecidos como un “grupo prioritario y vulnerable”,

que debe recibir ayuda económica, apoyo en salud mental y física, así como acompañamiento del sistema educativo para evitar la deserción escolar.

Habla Liliana Meza, presidenta y cofundadora del colectivo Luz de Esperanza.

“Es urgente que el estado adopte políticas públicas transformadoras que aborden estos problemas desde la raíz.

Estas medidas deben considerar las diversas realidades socio económicas que enfrentamos las familias buscadoras en este estado, tanto en la zona metropolitana, como en la periferia y los municipios del norte, sur, este y oeste del estado, la búsqueda de nuestros seres queridos, así como al apoyo psicosocial, económico, educativo y de salud.

No debe ser un privilegio reservado para algunos, quienes tienen tiempo, recursos o conexiones”, explicó.

En el foro realizado en el Congreso del Estado estuvieron presentes 10 diputados del PT, Morena, Futuro y MC, así como el jefe de gabinete del Gobierno de Jalisco, Alberto Esquer, la secretaria de Participación Ciudadana, Cinthya Cantero, así como el primer visitador de la CEDHJ, Alejandro Murillo.

Habla el diputado del Partido del Trabajo (PT), Leonardo Almaguer, quien presentó la iniciativa para que las familias buscadoras sean reconocidas en la ley como grupo prioritario.

“Hoy tenemos la capacidad de unificarnos, lo digo porque a veces somos muy buenos para golpetearnos entre nosotros, pero esta lucha necesita de la solidaridad, la fraternidad de todas y todos.

No es un asunto de ver quien está al frente de la pelea.

Al frente de la pelea están los colectivos y las familias de madres buscadoras que a diario están en las calles buscando a sus seres queridos”, expuso. 

El jefe de Gabinete, Alberto Esquer, fue claro al señalar que, ante el problema de la desaparición de personas, se necesita actuar y apoyar a las familias víctimas del delito de desaparición forzada. 

“Para garantizarles a los colectivos que una vez que esto pueda avanzar rápido con esta iniciativa, podamos partir de hacer un diagnóstico,

teniendo el diagnóstico hagamos las intervenciones transversales. ¿Qué está pasando con las niñas y los niños de estas familias, están yendo a la escuela?, ¿están teniendo atención psicológica?. No. Y lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer”, afirmó.

El jefe de Gabinete del gobernador, precisó que hoy existe una bolsa de 30 millones de pesos para poner en marcha ese apoyo a las familias.