Guadalajara, Jalisco.

El grupo poblacional de los jóvenes, en especial, tiene vedado el acceso a la renta o compra de viviendas dignas y asequibles en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Por ello, la diputada de Futuro, Mariana Casillas, propuso un paquete de cuatro reformas a diversas leyes para garantizar el derecho de las personas a contar con una vivienda y que no se considere solo un negocio de acaparadores.

La legisladora propone establecer un tope al incremento anual de las rentas de viviendas y tipificar el delito de “especulación inmobiliaria” a quienes mantengan ociosos terrenos urbanos hasta por cinco años, con el propósito de elevar los precios de las viviendas.

La idea es que el tope a las rentas obligue a los propietarios a que los incrementos no sobrepasen el índice anual de inflación.

“La primera iniciativa que vamos a presentar es el tope de renta y registro de contratos de arrendamiento.

El aumento indiscriminado de las rentas es una forma de despojo también, hoy la clase inquilinaria vive con miedo de ser despojado de sus viviendas y vive con incertidumbre de que en cualquier momento las rentas se le pueden disparar sin ningún tipo de justificación, ¿por qué? Porque no hay regulación.

Con esta iniciativa, los aumentos de renta, en caso de renovación, no podrían superar la inflación proyectada por el Banco de México. Además, se debe crear un Registro Digital de Contratos de Arrendamiento, administrado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi), para dar certeza jurídica a quienes alquilan y evitar abusos”, expresó.

Otra de las iniciativas plantea establecer en la ley facilidades para que los ayuntamientos y el Gobierno de Jalisco construyan vivienda, con el propósito de ponerla en renta para familias o personas de escasos recursos económicos.

Habla de nuevo la diputada Mariana Casillas: 

“Hoy los gobiernos de Movimiento Ciudadano han dejado a la vivienda en manos de desarrolladores privados, un ejemplo perfecto de esto es el municipio de Tlajomulco, quienes construyen únicamente para quienes pueden pagar precios elevados y dejando con casas muy modestas e inaccesibles a las personas que menos tienen, o sea, a la mayoría de la población.

Es por eso que proponemos que el gobierno del estado produzca y administre vivienda pública en arrendamiento asequible, con precios justos, que esté bien ubicada y accesible para las personas que más lo necesitan”, afirmó.

Mariana Casillas dijo que propone crear en el Código Penal del Estado, el delito de “especulación inmobiliaria”, ya que esta conducta es la principal responsable del desplazamiento de las comunidades a la periferia y del encarecimiento de la vivienda.

La idea es aplicar penas de cárcel de entre cuatro y diez años de prisión, a quienes acaparen terrenos y con ello manipulan los precios de los desarrollos.

Hoy, el gobierno de Jalisco no solo no castiga esa práctica, sino que “premia” a los empresarios inmobiliarios dándoles permisos para urbanizar cuando a ellos les convenga. Cometerá el delito de “especulación inmobiliaria” quienes mantengan tierras urbanas sin utilizar, hasta por cinco años.

• También anunció la legisladora que la Procuraduría Social debe formar un área especializada de abogacía pública para inquilinos que estén en riesgo de ser desalojados de sus hogares.