Guadalajara, Jalisco. 

Aunque el Secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, afirmó que el presupuesto 2026 relacionado con personas desaparecidas representa un incremento de 172 por ciento con un monto de 2 mil 111 millones de pesos,

el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) realizó un ejercicio comparativo y detectó que en realidad el aumento va principalmente para el C5.

“El presupuesto 2026 consolida una narrativa de seguridad y control, más acorde con los preparativos de grandes eventos internacionales como el Mundial de Futbol 2026, que con la urgencia humanitaria que representa la crisis de desapariciones en Jalisco, el estado con mayor número de personas desaparecidas en el país”, se lee en el documento.

Al sumar el monto del sistema de videovigilancia con el de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, aquí se va más del 90 por ciento. Mientras tanto, las instancias de atención a víctimas tienen presupuestos mínimos y hasta reducciones, advierte el CEPAD.

La nueva Secretaría, por ejemplo, tuvo un presupuesto de 67 millones de pesos, pero sólo ha ejercido el 17 por ciento del fondo disponible, de acuerdo con el Primer Informe de Actividades de Pablo Lemus. 

• Ahora se propone un aumento de ocho millones de pesos y más personal para pasar de 30 a 48 puestos, de los cuales solamente uno es de base y el resto es de confianza. 

La Vicefiscalía de Personas Desaparecidas sufre un recorte de más de 13 millones de pesos, con esta reducción en servicios personales enfrenta un debilitamiento del personal técnico especializado, crucial para la atención de casos.

En cuanto al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) la reducción sería de 14 millones de pesos, de aprobarse el proyecto como lo planteó el Ejecutivo, lo cual afectará las áreas de dictaminación pericial, identificación humana y restitución digna de cuerpos.

“En este contexto, la inteligencia y la coordinación se convierten en palabras clave de una política que privilegia la imagen de eficiencia y orden, mientras persisten las deficiencias estructurales en las fiscalías, los servicios forenses y los mecanismos de atención a las familias”, destacó el CEPAD.