Ciudad de México, México

La Procuraduría General de la República (PGR), informó a través de un comunicado sobre el acuerdo de recompensa por hasta 15 millones de pesos, a quienes aporten información veraz y útil para la localización, detención o aprehensión de Javier Duarte de Ochoa, por su probable responsabilidad en la omisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten.

Anunció también que lograron tomar control de bienes y recursos  que presumiblemente fueron obtenidos de manera ilícita para evitar y anular el aprovechamiento y  uso de estos por parte del mandatario y  a su vez garantizar la restitución del daño patrimonial causado a las familias veracruzanas, en virtud de que los recursos estaban destinados a su desarrollo y bienestar social.

Entre lo que la PGR pudo asegurar se encuentran 112 cuentas bancarias a personas físicas/o morales, dos inmuebles en las colonias Lomas de Chapultepec y Polanco de la Ciudad de México, así como el rancho denominado “Las Mesas”, ubicado en el poblado del mismo municipio de Valle de Bravo, Estado de México, el cual cuenta con una superficie de 92 hectáreas, 630 hectáreas de superficie en el Ejido de Lerma, estado de Campeche y  cinco empresas con diversas actividades económicas, entre ellas dos inmobiliarias.

Sobre el procedimiento contra Duarte de Ochoa,  la PGR, confirmó que  realizaron cuatro operativos en Veracruz, en los que  participaron más de 150 elementos ministeriales, ejecutaron siete cateos en diversos domicilios de la Ciudad de México y Valle de Bravo en el Estado de México,

Así mismo se tiene registro de 75 indagatorias con motivo de las querellas formuladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por la contratación con empresas fachada o inexistentes, 43 derivadas de la Auditoría superior de la Federación (ASF), por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades al desviar recursos, entre otros.

A las acciones se vinculó el agente del Ministerio Público de la federación, quien además se sumó al proceso en contra del director general de Catastro, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad.

Por último la PGR agregó que solicitaron la asistencia jurídica a los gobiernos de Estados unidos de América, España y Costa Rica, con el fin de obtener información sobre la posible adquisición de inmuebles, cuentas bancarias en el extranjero y localización de personas que puedan estar relacionadas con los hechos.