Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con el tabulador 2021 del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, cada uno de los magistrados presidentes de Sala en esa instancia judicial percibe un sueldo mensual neto de 154 mil 603 pesos. Eso equivale a cinco mil 153 pesos diarios, o bien, 30 salarios mínimos cada 24 horas.

En ese tabulador se encuentra el magistrado Laurentino López Villaseñor, quien preside la Segunda Sala Unitaria del Tribunal en mención. El análisis a las percepciones de este abogado viene a colación porque él fue quien emitió el certificado de habitabilidad para la Villa Panamericana, pasando por encima de la jurisdicción del Ayuntamiento de Zapopan.

Pero eso no es todo. Otras de las prestaciones con las que cuentan los magistrados de ese tribunal son mil 022 pesos mensuales para despensa, un aguinaldo de 50 días de salario integrado, una prima vacacional de 30 días distribuida en dos periodos y, por si fuera poco, reciben el pago correspondiente por un décimo tercer mes.

Así es: un mes extra de sueldo porque son magistrados, de tal forma que, sólo considerando el sueldo, sin ninguna de las prestaciones adicionales, cada uno de los magistrados presidentes recibe dos millones de pesos por año, libres.

Según la sentencia definitiva girada por la sala que preside el magistrado Laurentino López Villaseñor, el Ayuntamiento de Zapopan actuó “en rebeldía”, por lo que ordenó que se emitieran los certificados de habitabilidad para esa zona que, según se ha constatado, ya tiene apartamentos en venta e incluso algunos de ellos están habitados.

Para tener un poco de contexto de lo que hace dicho tribunal, este es, al menos en la teoría, un organismo “autónomo” que se encarga de dirimir las controversias administrativas entre la administración pública local, municipal y de los organismos descentralizados, de aquellas con los particulares.

Este es el caso específico de lo que ocurre con los representantes de la empresa que busca habilitar la Villa Panamericana como un núcleo de departamentos en la zona de El Bajío, y el Gobierno de Zapopan, que desde la primera administración de Pablo Lemus (2015-2018) había argumentado que no se otorgarían los permisos de habitabilidad.

El poder del Tribunal de Justicia Administrativa es tal, que incluso puede imponer sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, de tal manera que está en plena jurisdicción de apercibir al Ayuntamiento si no atiende la sentencia definitiva, ya que es “la máxima autoridad estatal jurisdiccional en materia de justicia administrativa y de responsabilidades de los servidores públicos”.

Una de las razones de mayor peso por las que se ha puesto en debate la habitabilidad de ese espacio es que se trata de una zona natural de recarga de mantos freáticos. La otra es que, al permitir que la Villa Panamericana sea habitada, será indispensable un sistema de agua potable y alcantarillado del cual, hasta el momento, el SIAPA no ha dado claridad, pues al haber habitantes habrán desechos residuales que se filtrarán al subsuelo.