Guadalajara, Jalisco. 

En el marco de la Cátedra de Libertad de Expresión, el foro "Límites legislativos a la libertad de expresión: ¿Justicia o censura?" debatió el uso y abuso de figuras legales para silenciar a periodistas en México, un fenómeno que se agudizó durante el contexto electoral de 2025.

Con la participación de figuras como Héctor de Mauleón, Marcela Nochebuena, Sara Mendiola y Leopoldo Maldonado Gutiérrez, la mesa concluyó que, sumada a la violencia física y la estigmatización pública, se ha consolidado el autoritarismo legal como una nueva y grave forma de control.

Los panelistas señalaron que la amenaza contra la prensa se ha instalado en dos frentes: la deslegitimación moral desde la tribuna pública y el uso de la ley.

Rogelio Campos Cornejo comparó esta táctica con el antiguo delito de disolución social (derogado en 1959), advirtiendo que la redacción actual de nuevas leyes utiliza la ambigüedad para obligar al periodista a mantener un margen de discreción. Esto permite a las autoridades criminalizar la protesta o judicializar la crítica bajo una apariencia de legalidad.

“Lo comento entonces porque es importante reconocer lo que ocurrió hace más de seis décadas, porque me recuerda esto, que el lenguaje del derecho puede ser utilizado de esa manera con esta ambigüedad

para sofocar eh libertades y reaparezcan algo así como una censura siendo una única solemne de legalidad”.

- Julio Ríos, periodista y académico. 

Sara Mendiola destacó un repunte en los mecanismos legales de desgaste. El Daño Moral en el ámbito civil se usa como una venganza que busca desgastar al periodista con procesos largos (tres a ocho años). A esto se suma el uso abusivo de la figura de Violencia Política por Razón de Género (VPRG), utilizada por órganos electorales contra periodistas para detener el flujo informativo y obligar a la eliminación de publicaciones mediante medidas cautelares.

El informe de Artículo 19 confirmó que el 28.57% de los casos de agresión judicial en 2024 usaron la figura de VPRG.

Finalmente, los expertos advirtieron sobre la resistencia de estados como Nuevo León, Yucatán y Zacatecas a despenalizar la difamación, contraviniendo las directrices de la Suprema Corte.

“Tenemos también los mecanismos como las denuncias en materia penal. Identificamos aún estados que penalizan figuras eh que tal como o que tal como están redactados en textos penales abren la puerta para cometer acciones de criminalización contra la prensa.

Tenemos el caso de Nuevo León, de Yucatán y Zacatecas, estados que todavía contienen figuras en su código penal como la difamación, la la injuria, eh la calumnia y que hemos insistido numerosas veces con los congresos de los estados de despenalicen”.

- Sara Mendiola, Directora ejecutiva de la organización Propuesta Cívica. 

Además, se señaló que nuevas figuras legales como la Ley de Ciberseguridad de Puebla y las medidas excesivas aplicadas en Campeche contra el diario Tribuna abren la puerta a la censura. La mesa concluyó que, sin importar las intenciones declaradas de estas leyes, su aplicación se usa para silenciar a quienes ejercen la crítica pública.

Por: Julio León.