Guadalajara, Jalisco. 

El foro de FIL Pensamiento sobre "Balance y perspectivas de la política educativa 2018-2024" reunió a expertos como Eduardo Andere Martínez, Carlos Mancera Corcuera, Sylvie Didou Aupetit y Eduardo Backhoff Escudero para evaluar la gestión del sexenio pasado.

La mesa concluyó que, si bien la política se centró en la equidad mediante transferencias directas, esto se dio a expensas del deterioro del gasto destinado a fortalecer servicios educativos e instituciones, además de la eliminación de importantes contrapesos técnicos necesarios para evaluar la calidad educativa.

El periodo 2018-2024 se enfocó en la equidad social a partir de la reforma al Artículo Tercero Constitucional.

Los proyectos insignia fueron la entrega de cerca de 22 millones de becas a estudiantes de distintos niveles, buscando fortalecer la capacidad de compra familiar, y el programa "La Escuela es Nuestra" (LEN), enfocado en mejorar la infraestructura escolar en zonas marginadas.

Además, se crearon alrededor de 200 sedes de las Universidades del Bienestar, cuyo propósito fue atender a cerca de 84,000 estudiantes que carecían de acceso a la educación superior, aunque se mencionó la limitada infraestructura de estas nuevas sedes.

“Prioridad que no se exprese en el presupuesto no es prioridad, hay dos renglones únicamente que tuvieron mayor mayor asignación de gasto el sexenio pasado y continua, uno las becas y dos la escuela es nuestra.

Todo lo demás, con pequeñas excepciones tuvo una caída”.

El análisis presupuestal, presentado por Carlos Mancera Corcuera, mostró que la prioridad se centró únicamente en becas y LEN, lo que resultó en que todos los demás programas educativos fueron reducidos esencialmente a cero.

Si bien el Ramo 11 (recursos para la política educativa) creció un 6.5% en términos reales, este aumento se destinó a transferencias a familias y no al fortalecimiento de los servicios o instituciones.

 Esta concentración tuvo un costo: mientras que el gasto promedio en educación en países comparables creció un 16%, en México, la inversión educativa disminuyó un 10% respecto al tamaño de la economía.

“Ese es un programa creado por la secretaría de ascienda para otorgar dinero a los gobiernos de los estados, en teoría también para servicios educativos, que tendrían que financiar los propios estados.

En realidad son ampliaciones presupuestales, que asciende a cada presupuesto de la federación para ampliar los presupuestos de los estados y eso se refleje en educación,

pero de nueva cuenta, si ese dinero no existiera en realidad entonces no habría ninguna referencia para efectos de la prestación de servicios educativos y los estados tendrían que cubrir los gastos con sus propios recursos”. 

Los expertos identificaron dos retos estructurales graves. En primer lugar, la eliminación del INEE fue señalada como la pérdida de un contrapeso técnico autónomo y de la solidez necesaria para evaluar objetivamente las políticas y garantizar los principios de educación de ser asequible y aceptable.

En segundo lugar, se cuestionó la transparencia presupuestal con recursos como el Programa 1080 (transferencias a estados), que pasó de 4,000 millones de pesos en 2018 a 10,000 millones de pesos en 2024,

sin que este aumento se traduzca en una mejora efectiva en la calidad o prestación directa de los servicios educativos.

Por: Julio León.

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