Guadalajara, Jalisco. 

Más allá de la recolección de firmas para frenar el aumento a la tarifa del transporte público, el proceso de referéndum impulsado por la diputada Tonantzin Cárdenas representa una "prueba de fuego" para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

Tras el inicio de la jornada para reunir las más de 3,350 firmas necesarias antes del 26 de enero, la legisladora de Futuro reconoció que existe escepticismo sobre el actuar del órgano electoral, el cual ha sido señalado en el pasado como un obstáculo para los mecanismos de participación ciudadana.

Sin embargo, Cárdenas enfatizó que, ante una medida que afecta el bolsillo de millones de jaliscienses, el Instituto tiene la posibilidad de reivindicarse.

"Yo creo que puede resarcir el Instituto Electoral en esta oportunidad, pues el prestigio y la confianza que tiene la ciudadanía en esta institución. Y creo que es indispensable que esta medida se abra al diálogo, que podamos tener condiciones específicas, tangibles, transparentes...

Yo creo que el Instituto Electoral hoy más que nunca tiene que estar del lado de la gente".

La diputada subrayó que el objetivo del referéndum no es solo oponerse al incremento de 9.50 a 14 pesos, sino obligar al Poder Ejecutivo a entablar un diálogo público que fue omitido antes de decretar el "tarifazo".

Según Cárdenas, la molestia social es evidente y la herramienta legal busca corregir la falta de consulta en una decisión ejecutiva que impacta la vida cotidiana.

"Recordemos que pues esta es una herramienta ciudadana que tenemos todas las personas en el estado para que sea consultada una decisión tan arbitraria como lo ha sido el tarifazo... sabemos que hay mucha rabia y descontento social a través de esto y con mucha razón;

es una medida que pudo haber sido mejor planteada, mejor pensada y sobre todo consultada con las y los usuarios".

La recolección de firmas se mantendrá vía digital y física hasta el 26 de enero. Además del tema tarifario, la legisladora advirtió que insistirán en la revisión de los contratos de la nueva tarjeta de prepago (asignado a la empresa Broxel), otro punto que consideran impositivo y opaco en la actual administración.