Guadalajara, Jalisco. 

La implementación de la nueva "Tarjeta Única" del Gobierno de Jalisco ha encendido las alarmas entre especialistas en privacidad.

Álvaro Quintero, experto en transparencia y protección de datos personales, advirtió que el proceso para obtener este plástico obliga a los ciudadanos a ceder información sensible, biométrica y financiera a la empresa privada Broxel, bajo una dinámica que calificó como una "extorsión institucionalizada".

¿Qué declaró Álvaro Quintero sobre la tarjeta única?

Durante una entrevista, el especialista señaló que, a diferencia de la tarjeta de movilidad anterior, este nuevo mecanismo condiciona el acceso a derechos básicos —como subsidios al transporte, servicios de salud y programas sociales—

a la aceptación de términos y condiciones que permiten a la empresa investigar el historial crediticio del usuario, acceder a su patrón de voz y huellas dactilares, e incluso compartir esta información con terceros para fines de mercadotecnia.

Al respecto, Quintero enfatizó la desproporción de los datos solicitados para un servicio público:

"Si quieres la tarjeta es casi, por así decirlo, como una extorsión institucionalizada. Sí o sí tienes que aceptar el aviso de privacidad y los términos de condiciones para avanzar con el proceso... Si tú quieres tener acceso a los subsidios del transporte público, al servicio de salud del gobierno del estado o tener acceso a los programas sociales,

estás dando tu información a esta empresa".

Detalles confirmados sobre el contrato y proceso de licitación

Además de la vulneración a la privacidad, el especialista denunció irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato.

Quintero reveló que el aviso de privacidad de la tarjeta tiene fecha del 16 de octubre de 2025, mientras que el fallo de la licitación se dio hasta el 31 de octubre.

• Esto sugiere que la empresa Broxel ya estaba operando la plataforma antes de ganar legalmente el concurso, lo que indicaría una simulación en el proceso de compra.

"Con las fechas lo que estamos viendo es que parece que ya estaba todo pactado y que la licitación simplemente fue una formalidad para decir que cumplieron con el proceso,

pero ya se sabía quién iba a ser la empresa que iba a prestar ese servicio... Justamente la licitación salió el primero de octubre del año pasado".

Finalmente, se destacó el impacto económico para el erario. Mientras que la tarjeta anterior costaba al gobierno 30 pesos en un pago único, el nuevo contrato establece un costo de 5.4 pesos mensuales por usuario.

Esto significa que, si un ciudadano utiliza la tarjeta por más de seis meses, el costo para el Estado superará al del sistema anterior,

sumado al riesgo de que los datos personales de la población más vulnerable sean comercializados sin un mecanismo sencillo para oponerse a ello.