México. 

Ernesto escuchó, apenas a unos cuantos metros de distancia, los insultos y golpes de una parte y los gritos lastimeros de la otra, pero no había mucho que pudiera hacer. Unos exigían el pago de una deuda y el otro les rogaba que pararan la tortura. Los atacantes, miembros del Cártel del Pacífico, uno de tantos grupos de la delincuencia organizada que asola a México; la víctima, un vendedor ambulante que no pagó a tiempo el “derecho de piso”; Ernesto, el testigo mudo, es el dueño del local donde todo sucedió, en la exclusiva zona hotelera de Cancún, una ciudad del Caribe mexicano que vive bajo la extorsión generalizada del crimen organizado.

“Me decían ‘permíteme tu baño un ratito’ y se metían a mi negocio a los vendedores ambulantes para ‘tablearlos’ [torturarlos] a pleno día. Se escuchaban los trancazos y los gritos. Eran los que no cumplían con los cobros. Me tocó en mi propio negocio, dos veces”, recuerda.

Ernesto es un empresario prominente de Cancún, uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina. Aceptó contar su historia bajo la condición de modificar su nombre. Es concesionario de uno de los locales a pie de playa, ofrece servicios turísticos en embarcaciones y él mismo fue víctima de extorsión. En 2020, cuando la pandemia de covid-19 apenas iniciaba, integrantes del Cártel del Pacífico (CDP) se presentaron en su local para exigir derecho de piso. Era pagar veinte mil pesos mensuales o atenerse a las consecuencias.

Lo mismo hicieron, cuenta, con el resto de las personas que tenían actividades comerciales en la zona. “Nos tenían extorsionados a todos. A todos les cobraban: a los ambulantes, a los negocios privados, a los chiquitos, a los grandes, a las embarcaciones. A todos los negocios de todos los locales. Puedo generalizarlo. Nadie se escapaba”, afirma el empresario.

Cancún, al sureste del país y en el extremo norte del estado de Quintana Roo, es la ciudad más joven de México. Fue fundada en 1970, creada de la nada. Ahí, entre la selva y el mar Caribe, donde solo había un pequeño pueblo cocotero, hoy se levanta todo un complejo de 201 hoteles que este año recibirán a más de seis millones de turistas, quienes gastarán seis mil millones de dólares, según la Secretaría de Turismo estatal.

Por su ubicación geográfica, Quintana Roo es también una ruta estratégica para el trasiego de droga, procedente de Centroamérica y Sudamérica, hacia los Estados Unidos. Debido a esta doble condición: destino turístico y punto clave en la ruta de la droga, las actividades ilegales como el narcomenudeo, el tráfico de armamento, de migrantes y de droga, el lavado de dinero, el robo de vehículos y la extorsión son las más redituables para los grupos criminales en el estado, de acuerdo con el Centro Regional de Fusión e Inteligencia del Sureste (Cerfise), el órgano de inteligencia que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene en la región.

Los organismos de seguridad admiten que en Cancún operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Pacífico, el de Sinaloa, el del Golfo, Los Pelones, Los Bonfiles, Los Rojos y Zetas Vieja Escuela, entre otros. El propio Cerfise, en reportes internos sobre el panorama delictivo de Quintana Roo, reconoce que la extorsión ha aumentado en los últimos cinco años por las disputas entre estos grupos. Las organizaciones criminales aprovechan la violencia creada por su misma guerra para vender protección a los comerciantes —una protección que más que consolar, inquieta— o para amenazarlos con hacerles daño, físico o material, si no pagan cierto monto periódico, conocido como “derecho de piso”.

Restaurantes y bares en la zona hotelera de Cancún. Jóvenes emprendedores han optado por cerrar sus negocios ante el cobro de derecho de piso. Cortesía

En la zona hotelera de esta ciudad, donde trabaja Ernesto, se encuentran al menos cinco de estos cárteles, dedicados, entre otros negocios ilegales, al cobro de piso: el CJNG, el de Sinaloa, el del Golfo, el del Pacífico y Los Pelones, detalló Martín José Gordillo Aguilar, de la Fiscalía General del Estado (FGE), encargado de combatir la extorsión en Quintana Roo. El Cártel del Golfo, precisa, domina los clubes nocturnos, los antros y los bares, mientras los otros se disputan las playas y los demás locales comerciales.

Carlos Dinar Torres Jaquez, alias “Chore”, —miembro del Cártel del Pacífico y líder de una de sus células delictivas, Los Caborca, que operan en la zona norte de Quintana Roo— era el encargado de las extorsiones en la playa pública donde trabaja Ernesto y de otra más, a catorce kilómetros de distancia, de acuerdo con un documento del Cerfise.

Al inicio, cuenta Ernesto, un par de sujetos llegaron a la playa a pasar la tarde y tomar cerveza. Luego se acercaron a los dueños de los comercios. Pedían cualquier cosa, que les dejaran cargar sus celulares o entrar a los sanitarios y, entre tanto, entablaban plática. Al tiempo se dieron cuenta de que no iban a regodearse bajo el sol, sino a recolectar información. Una vez que identificaron a los dueños de los negocios, con sus datos personales y detalles sobre sus actividades comerciales, se presentaron de nuevo, pero esta vez de forma amenazante.

“‘Sabemos quién eres’, me dijeron. Me dieron detalles de mi trabajo, de lo que hacía, del cargo que tenía. Me intimidaron. Fueron dos personas. Primero me dijeron que me querían cobrar veinte mil pesos (al mes), pero llegamos a un acuerdo de cinco mil pesos”, cuenta Ernesto.

Una vez dominada la playa, con el resto de los restauranteros, náuticos y vendedores ambulantes extorsionados, y ya controlada la venta de droga, se instaló un grupo de cerca de veinte integrantes, con diferentes encargos: vigilar, distribuir drogas, cobrar derecho de piso, amenazar y golpear a los que se oponían o se retrasaban en los pagos.

A los tres meses de su llegada, continúa Ernesto, el grupo le subió la cuota y luego otra vez y una más hasta llegar a los nueve mil pesos mensuales (unos cuatrocientos cincuenta dólares). “Cobraban conforme iban cambiando de jefe de la plaza, porque los iban agarrando, matando o pasaba algo. El que llegaba siempre te pedía más.” 

Restaurantes y bares en la zona hotelera de Cancún. Jóvenes emprendedores han optado por cerrar sus negocios ante el cobro de derecho de piso. Cortesía

El discurso que estos integrantes del Cártel del Pacífico le dieron a Ernesto es que, a cambio de la cuota, le ofrecerían protección ante el peligro de la irrupción de otros grupos criminales. “Decían que iban a proteger la playa, que era realmente por protección, que había otros grupos que querían entrar y que ellos eran los que estaban cuidando la zona”, recuerda Ernesto.

Pero en estos asuntos nunca se compra garantía. El 11 de junio un grupo armado irrumpió en la playa a balazos, que terminaron por matar a dos sujetos personas y herir a una turista estadounidense. Se trataba de un grupo contrario que peleaba por la plaza, y que consiguió huir en motos de agua, como si de película de acción se tratara. Doce días después, el 23 de julio, el cuerpo de “Chore”, quien controlaba la playa, fue hallado en una comunidad cerca de Chetumal, capital de Quintana Roo. Tras ello, el liderazgo de la célula de Los Caborca fue tomado por Luis Miguel Landeros Aguilar, alias “El Diez”.

Estos cambios siempre generan tensión en los territorios divididos y los grupos recrudecen las medidas en contra de sus víctimas. Si al principio sus miembros exigían comida o bebidas regaladas, luego pedían cada vez más dinero y resguardar armas y drogas: marihuana y cocaína.

“Ya después te pedían guardar armas, guardar la droga, los teléfonos. Te decían ‘guárdame esto’ por si hay operativos de la policía. Y te ponen entre la espada y la pared, ¿cómo decirles que no?”, dice resignado el empresario.

La extorsión se expande

La extorsión en Cancún ya afecta a todos los estratos económicos y a distintos giros comerciales. Esta investigación de CONNECTAS solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Quintana Roo información sobre las denuncias ciudadanas. Desde 2019 y hasta octubre de 2022, en el estado, se hicieron 13,012 denuncias anónimas por extorsión —en todas sus modalidades— al 089, el número que brinda atención especializada en este delito a la ciudadanía. De estas, 5,406 (el 41.5%) se hicieron desde Cancún, el municipio que más registros acumula. La amenaza de daño físico o de muerte y el cobro de derecho de piso figuran entre lo más denunciado.

Un total de 337 propietarios de negocios, comercios o prestadores de servicios se atrevieron a romper el silencio y reportaron a la SSP haber sido víctimas de extorsión, de acuerdo con los datos solicitados y analizados por CONNECTAS. Hoteles, restaurantes, talleres mecánico-automotrices, locales de comida, consultorios médicos, estéticas y tiendas de abarrotes se encuentran entre los blancos más comunes, pero también se reportaron extorsiones a dueños de bares, taquerías, papelerías, lavanderías, agencias de tours, salones de uñas y locales de venta de postres y antojitos —incluso mariachis.

Guillermo (un nombre falso para proteger su identidad) es el dueño de una cadena popular de bares en Cancún, denominada La Palapita, donde se ofrecen mariscos y cervezas. Él fue extorsionado varias veces desde 2019, cuando emprendió su negocio. “La última vez que me extorsionaron fue por teléfono, por WhatsApp. Lo que hacían era pasar por mis locales y grababan. Me decían: ‘Mira, ya te tengo ubicado’. Era seguido. Después, para meterme presión, empezaron a publicar en redes sociales que nadie fuera a mis establecimientos si no querían morir, porque no nos estábamos alineando [cediendo]. Me mandaban después fotos al celular con imágenes de muertos. ‘Mira, ya maté a tres. Sigues tú’”, recuerda.

El 5 de mayo de 2022 se cumplieron las amenazas. Una de las sucursales del bar amaneció en llamas.  

Guillermo, sin embargo, no cedió al mensaje intimidatorio. No pagó el derecho de piso. Lo que hizo fue denunciar ante la Fiscalía que, en coordinación con la SSP, dio con el que podría ser el autor intelectual: Magdiel N., un hombre de 34 años, extrabajador de la Fiscalía General de Tabasco y expolicía preventivo en Cancún. Presuntamente lideró una banda de extorsionadores, también miembros de la policía retirados y vinculados al Cártel de Sinaloa. Magdiel fue detenido y actualmente está en proceso judicial, informó Lucio Hernández, exsecretario de Seguridad. “Se va a pudrir en el bote”, dijo.

—Dijiste “la última vez que me extorsionaron”, ¿cuántas veces te han extorsionado? —le pregunto a Guillermo.

—Pues de las que he interpuesto denuncias han sido cinco veces, desde esa vez en 2019 y hasta hace unos meses.

La primera fue cuando recién iniciaba con La Palapita, por allá en 2019. Fueron de Los Rojos, un cártel nacido en el centro de México que se fue expandiendo mediante pequeñas células a otras geografías. Quemaron una de las sucursales de Guillermo, un método que se ha vuelto cada vez más común en el Caribe mexicano.

Restaurantes y bares en la zona hotelera de Cancún. Jóvenes emprendedores han optado por cerrar sus negocios ante el cobro de derecho de piso. Cortesía

“A ellos, Los Rojos, les pagué durante un año. Primero me pidieron cinco mil pesos al mes, luego ocho mil, luego querían diez mil y ya fue cuando denuncié”, cuenta. La extorsión paró solo porque uno de los líderes fue asesinado en Cancún y no volvieron a aparecer por el negocio.

En todo ese periodo, Guillermo pagó cerca de cien mil pesos por el derecho de piso, pero la cifra subió a los 200 mil pesos porque invirtió en personal de seguridad armado para proteger su integridad y sus sucursales. De acuerdo con el Inegi, el costo total de la inseguridad en 2021 en Quintana Roo —es decir, lo que se perdió a causa del delito más lo que se gastó en medidas preventivas, como la instalación de cámaras y el reforzamiento de la infraestructura en negocios, entre otras cosas— llegó al monto de 6,775 millones de pesos. Aunque no hay un cálculo detallado para el caso de la extorsión, México Evalúa estima que este delito le cuesta a México 226 mil millones de pesos al año, el 1.25% del PIB nacional.

Por ahora, Guillermo ha descartado ampliar las sucursales de La Palapita: “La extorsión retrasa el desarrollo económico de una manera impresionante porque le quitas el incentivo a las personas de trabajar. ¿Para qué trabajo más si se van a dar cuenta los delincuentes y voy a pagar más cuota?”

Otro ejemplo es Mostaza, un reconocido restaurante de cocina de autor que cerró tras las amenazas de los miembros del CJNG, quienes exigían al chef y creador del emprendimiento un pago inicial de 45 mil pesos y otro de 25 mil pesos mensuales. “Fue por mayo de 2019”, recuerda el extorsionado (autorizó mencionar el nombre del negocio, pero no el suyo).

“Primero me marcaban para decirme que me tenían identificado, pero yo colgaba. Luego ya me dijeron información mía, de mi carro, del restaurante, del personal. Un día hablaron y me dijeron que iba a pasar una persona para hablar de números, de cuánto ganábamos, y me dijo que no me resistiera. Al otro día me marcaron y me dijeron: ‘Mira, ya hay dos personas adentro, van vestidas así y así’. Y sí estaban. Teníamos siete mesas y en una estaba el de camisa a cuadros que nos habían dicho que era su contador, y el otro, que no me acuerdo cómo iba, era un capo. Y, bueno, ya cuando te dicen hasta de qué color son tus calzones, pues ya te sacas de onda.”

En un mes los delincuentes volvieron para cobrar el primer pago del derecho de piso, pero el chef no alcanzó a cubrir el monto. Lo amenazaron y prometieron regresar por el resto. La víctima resolvió cerrar el negocio y salir del país.

Extorsión oportunista

La historia de Michel es parecida. Para recuperarse de la crisis de la pandemia, en sociedad con un amigo, abrió en diciembre de 2020 un negocio de venta a domicilio de alitas de pollo en las inmediaciones de la avenida Huayacán, el nuevo corredor gastronómico de Cancún. No duró ni tres meses. Cerraron tras las amenazas de un grupo de sujetos que les exigieron treinta mil pesos mensuales “a cambio de protección”. A Michel (ha pedido omitir su apellido) nunca le dijeron si el grupo formaba parte o no de una organización criminal, pero su socio y él prefirieron cerrar el negocio.

Según Elisa Norio, fellowship del Centro de Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupción de la Universidad de George Mason, el caso de Michel es un claro ejemplo de la extorsión oportunista que ha proliferado ante la violencia generalizada, la impunidad rampante, el aumento de la pobreza y la degradación del tejido social en el país.

“Lo que me preocupa de la extorsión en México es que ya cualquiera lo puede hacer. O sea, si yo quiero dinero, puedo improvisar como extorsionador. Está tan degradado el tejido social, ya nadie confía en nadie, no hay protección en México. Es un delito altamente oportunista, isomorfo y, por eso, está más generalizado, fragmentado, atomizado. Cualquiera puede ya meterse a la extorsión”, explica.

A decir de María Teresa Martínez Trujillo, investigadora en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigadora asociada de México Evalúa, esto solo es posible con una condición: el clima generalizado de violencia: “La pregunta central es por qué una persona le pagaría al extorsionador en vez de acogerse a cualquier otro tipo de oferta de protección. Hay un elemento central relacionado al clima de violencia, que es la amenaza creíble. En un ambiente de violencia tal, la intimidación que puedan establecer estos extorsionadores-proveedores de protección es una amenaza creíble porque lo contrario de no pagar es un ejercicio violento, que es muy probable”.

“Incluso a veces basta con la reputación de violentos, sin necesidad de ejercer violencia. Y tú, como comerciante, no te vas a poner a pensar si el riesgo es serio o no. Solo pagas. La reputación violenta no se debe exclusivamente a la capacidad de fuego que tengan los extorsionadores, también se da porque no se tiene una alternativa de protección, porque el Estado no la ofrece. Por eso es tan importante el contexto violento, porque hace a las amenazas más creíbles”, añade Martínez Trujillo.

Villas Otoch Paraíso: pagar por vivir

Fuera del polo turístico, a veinte kilómetros de la zona hotelera, en la periferia de Cancún, se encuentra Villas Otoch Paraíso, una colonia que vive el mismo asedio criminal, aunque a diferente escala, quizá peor. En 2004 se aprobó la licencia de construcción de este fraccionamiento de vivienda popular; en 2007 se duplicó el número de casas permitidas por hectárea; en los años siguientes se amplió el polémico proyecto en una segunda fase.

Desde entonces Villas Otoch Paraíso se ha abarrotado de personas de bajos recursos, principalmente obreros que mantienen viva la industria del turismo y la construcción, las dos principales actividades económicas del estado. Actualmente, es la colonia más densamente poblada de todo el Caribe mexicano. Aquí habitan unas cuarenta mil personas, que es algo así como meter a toda la población de Bacalar o la de Puerto Morelos en un pequeño fraccionamiento de miniviviendas.

A dieciocho años de su aprobación, esta colonia colmena se ha tornado insegura. De acuerdo con datos del Complejo de Seguridad C5 de Quintana Roo, compartidos con CONNECTAS, entre enero 2019 y octubre de 2022 se hicieron 20,589 llamadas de auxilio al 911 desde alguna de sus calles: agresiones, mucha violencia familiar y de pareja, todo tipo de robos, allanamiento de morada, consumo de alcohol y drogas en la vía pública, riñas, agresión física por parte de pandillas, lesionados con arma blanca o con disparos, homicidios, feminicidios, infanticidios… No solo es la colonia más hacinada, sino que, por esta causa, también es la más violenta de todo el Caribe mexicano.

El caos ha sido aprovechado por los grupos criminales para imponer su propio orden.

El grupo criminal al que se le debe obediencia y tributo depende de la parte de la colonia donde uno viva. Las calles de la zona este, desde la avenida Tulipanes y hasta el primer Oxxo, son territorio controlado por el cártel de Los Pelones. Las siguientes calles son propiedad del Cártel Jalisco Nueva Generación. Las del extremo oeste son administradas entre el Barrio 18 y demás clickas que han traspasado la frontera de Centroamérica para instalarse en este sitio, de acuerdo con una fuente que nació, creció y permanece en Villas Otoch Paraíso, y que ahora desempeña tareas de inteligencia.

Es un orden a la vez tenso y endeble que se redefine cada tanto, conforme una u otra organización conquista cada palmo. Esas reconfiguraciones generan violencia. De acuerdo con la fuente de inteligencia, el CJNG está presionando por controlar cada vez más espacio.

Este octubre la SSP y la FGE atendieron varios delitos: asaltos, robos, homicidios, un transfeminicidio cometido a puro golpe y un reporte de extorsión que ejemplifica el nivel que ha alcanzado este delito. A Juana (un nombre falso para resguardar su identidad), una vecina que vive en uno de los angostos pasillos del fraccionamiento, comenzaron a cobrarle quinientos pesos semanales por dejarla salir de su casa. En la misma situación se encontraban sus vecinos.

“¿Sabes qué es lo peor?”, dice la fuente que hace labores de inteligencia, “que quienes extorsionan son niños, uno de doce años, dos de trece, uno de quince  y otro de dieciséis. Niños jugando a ser delincuentes, a replicar lo que ven a su alrededor”.

En Villas Otoch Paraíso hacer una vida normal, salir de casa por los mandados diarios, recoger a los hijos de la escuela o ir al trabajo cuesta quinientos pesos semanales. La extorsión se ha colado hasta las alcobas y se comete hasta por adolescentes, por la primera generación que nació en el fraccionamiento, por los hijos de un proyecto fallido y de la omisión del Estado para enmendarlo.

Restaurantes y bares en la zona hotelera de Cancún. Jóvenes emprendedores han optado por cerrar sus negocios ante el cobro de derecho de piso. Cortesía

Además de Juana, instaladores de internet, choferes de camión, taxistas y prácticamente todos los locatarios de Villas Otoch Paraíso son extorsionados.

Toño, quien tiene una carnicería en esa colonia, debe pagar cinco mil pesos al mes por mantener abierto su negocio. Lo mismo hacen todos los locatarios. Luis, un trabajador de XKnet, una empresa que brinda servicio de internet, fue amenazado con pistola en mano a inicios de octubre: si quería instalar el módem que llevaba en la mano, debía pagar seis mil pesos.

Hay casos más singulares, como de solidaridad retorcida. A Ernesto no le piden dinero por mantener abierto su local de comida corrida, pero sí le exigen platillos regalados. Ese buen gesto se debe a que Ernesto y los delincuentes se conocen desde niños, pues fueron y siguen siendo vecinos en Villas Otoch Paraíso. 

Los grupos delincuenciales inciden también en la vida partidista. El diputado local Ricardo Velazco, del partido oficialista Morena, cuando se encontraba en campaña hace unos cuantos meses, tuvo que abandonar la colonia ante las amenazas de un grupo armado. “Me dijeron que no podía estar ahí, que me fuera. Eran varias personas con armas, que nos impidieron seguir. Nos fuimos”, recuerda Velazco.

Otros casos, como el de Francisco (un nombre falso para proteger la seguridad de su familia), muestran qué pasa cuando alguien no paga en Villa Otoch Paraíso. Francisco fue de los pocos que se negó a hacerlo. El comerciante mantuvo durante cuatro años la frutería más próspera de la colonia, sobre la avenida Leona Vicario. Fue ejecutado junto con uno de sus hijos en 2018. El resto de la familia huyó. Ahora los sobrevivientes son parte de más de 350 mil casos de desplazamiento forzado interno a causa de la violencia en México.

Atención selectiva

Desde 2020 la SSP de Quintana Roo formó un chat grupal en WhatsApp, donde añadieron a decenas de empresarios y al propio titular de la dependencia a fin de que los primeros reporten directamente la extorsión o cualquier delito que se cometa en sus negocios para darles atención inmediata.

Sin embargo, México Evalúa recomienda evitar estas medidas de atención selectiva; por el contrario, pugnan por respuestas institucionales que amparen a todas las víctimas, sean o no empresarios.

“Todas las iniciativas de los empresarios para protegerse de manera individual y selectiva redundan en fragilizar al Estado, porque cada vez que dicen ‘creamos un grupo especializado que nos protege a nosotros’, lo que hacen es generar una acción que se dirige a un grupo en particular. Como los recursos del Estado son finitos, lo que se distraiga para protegerlos a ellos desprotege al resto. Entonces la protección se vuelve selectiva y, ya en el extremo, privada. Deja de ser un bien público”, critica Martínez Trujillo.

También se han realizado operativos específicos en los balnearios del estado, denominados “Playa segura” y ejecutados por el Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad Quintana Roo, integrado por autoridades federales y estatales, cuyo objetivo es “recuperar los espacios públicos de la delincuencia”. En 2021 se efectuaron veinticinco operativos, en los que se detuvieron a 167 personas.

Uno de ellos se llevó a cabo en la playa donde trabaja Ernesto, el empresario náutico extorsionado. Sucedió en octubre de 2021. Desde entonces, cuenta Ernesto, el grupo criminal no ha vuelto a hacerse presente ni a extorsionarlo. James Tobin, consejero ciudadano en Quintana Roo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebra estas acciones, en la medida en que han conseguido detenciones, desarticular temporalmente grupos criminales y, además, restaurar la confianza.

Denuncias, carpetas, detenidos

Aunque en Quintana Roo se han reportado en los últimos años miles de denuncias por extorsión, solo se han abierto algunos cientos de carpetas de investigación y los detenidos no llegan ni al medio centenar. El cuello de botella es alarmante: entre 2019 y 2021 hubo en el estado 9,932 llamadas de emergencia al 089 motivadas por extorsiones, solo 883 casos se tradujeron en denuncias formales ante la FGE y la SSP, en tanto, detuvo a 31 personas.

En el caso específico de Cancún, son 3,126 llamadas, 303 carpetas y veinticinco detenidos. Pero en cinco ocasiones (el 20 % de los casos), en las audiencias de control, el juez a cargo calificó los arrestos como ilegales o no apegados a los derechos fundamentales, de acuerdo con información obtenida mediante transparencia y solicitada a la SSP, la FGE y al Poder Judicial de Quintana Roo.

Restaurantes y bares en la zona hotelera de Cancún. Jóvenes emprendedores han optado por cerrar sus negocios ante el cobro de derecho de piso. Cortesía

Las pocas carpetas de investigación, comenta Lucio Hernández, se deben a la falta de denuncias formales. El Inegi reporta que la cifra negra de la extorsión en Quintana Roo alcanza el 97.4 %, es decir, solo 2.6 % de los casos se denuncian formalmente.

“El principal problema es que las víctimas de extorsión no se presentan ante la Fiscalía, porque los delincuentes los amenazan, los intimidan. Si denuncian, les dicen que los van a desaparecer, que los tienen ubicados, que les van a balacear sus negocios”, afirma Hernández, quien asegura que más del 80 % de los detenidos queda en libertad a los pocos meses de ser aprehendidos. “Y salen para volver a cometer delitos. Hay una reincidencia del 35 %”.

Para Martínez Trujillo, de México Evalúa, hacer recaer la responsabilidad de las denuncias y las investigaciones en las víctimas supone una perspectiva equivocada.

“Solo tiene sentido incrementar la denuncia si tienes de inmediato un protector alternativo al extorsionador. Por ejemplo, a los empresarios les funciona la denuncia porque el Estado va a reaccionar para protegerlos con mayor fuerza que el criminal, pero esto no funciona con la mayoría. Piensa en un pequeño local. No puede ir a denunciar porque su protector, el criminal, va a tomar represalias y el Estado no va a interceder. Entonces la denuncia puede ser una sentencia de muerte”, rebate la especialista.

Consiguen una sentencia… con tortura

En su historia, el Poder Judicial de Quintana Roo ha conseguido una sola sentencia condenatoria por el delito de extorsión, pero el 15 de junio de 2021 la juez titular de la Octava Sala Especializada en Materia Penal Tradicional, con sede en Cancún, resolvió reponer la sentencia, dictada un año antes, en contra de Mauricio (un nombre falso porque el proceso aún continúa), a quien elementos de la extinta Policía Judicial presuntamente torturaron para extraer la declaración inculpatoria.

Aunque Mauricio denunció esto en la ampliación de su declaración inicial y pese a que lo reiteró en la audiencia, el juez penal de primera instancia hizo caso omiso, en contra de los tratados internacionales que establecen que quienes denuncian actos de tortura tienen derecho a que las autoridades intervengan de forma inmediata, imparcial y de oficio, a fin de que su caso se investigado y, si procede, se juzgue en el ámbito penal.

“La omisión del juez penal de primera instancia de investigar la denuncia de tortura en sus dos vertientes, como delito y como violación a los derechos humanos dentro del proceso, [supone] el incumplimiento de sus obligaciones, lo que constituye una violación a las leyes del procedimiento, que trascendió a la defensa adecuada del recurrente, lo cual amerita la reposición del procedimiento”, resolvió la juez aquel junio de 2021, a seis años de que inició el proceso contra Mauricio, según los documentos judiciales en poder de CONNECTAS.

Las cuentas de la extorsión en Cancún quedan, finalmente, así: muchas denuncias, pocas investigaciones, menos detenciones y una tortura.

 Por Ricardo Hernández Ruiz.

Este reportaje se realizó en el marco de una alianza con la plataforma CONNECTAS