Fotografía: Gobierno de Jalisco.
Guadalajara, Jalisco.

Cuando era candidato a la gubernatura, en junio de 2012, el entonces abanderado del partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, prometió convertirse en “el primer fiscal para defender a los periodistas”.

Lo dijo después de que el suegro de su rival político, el priista Aristóteles Sandoval, golpeó a un reportero gráfico que le tomó una foto cuando agredió a una persona que se manifestaba contra el candidato del partido tricolor, y quien, eventualmente, ganó la elección y gobernó Jalisco entre 2013 y 2018.

Entonces, afirmó que “por más intenso que sea el momento”, siempre respetaría a los periodistas. Y en ese sentido, priorizó el respeto a los derechos de los reporteros “de calle”, pues ellos “se la juegan todo el día”.

Sin embargo, todas esas promesas se han puesto en entredicho a lo largo de sus tres años como alcalde de Guadalajara y, ahora, como titular del Poder Ejecutivo estatal.

Públicamente, el mandatario estatal ha hablado sin consideración y sin respeto a los representantes de los medios de comunicación con quienes, antes, habría de “construir una agenda de entendimiento para que los medios de comunicación puedan ser una herramienta importante de información, de generación de ciudadanía y una herramienta para construir gobernabilidad en Jalisco”.

Hoy, esas palabras se diluyen. Basta recordar el momento en el que un grupo de manifestantes se apostó afuera de Casa Jalisco para exigirle respuestas respecto a la agenda de desaparecidos y el gobernador calló a una reportera.

La insensibilidad a las preguntas incómodas también han sido una constante. Basta recordar los cuestionamientos que, en su opinión, merecen descalificativos y cero respuestas.

El gobernador Enrique Alfaro tampoco ha sido receptivo al hacer frente a los cuestionamientos respecto a los hechos de inseguridad que ocurren en el Estado que gobierna.

Las críticas por la baja afluencia de participantes en la consulta sobre el pacto fiscal, que él impulsa, y en la cual los mismos funcionarios públicos de Jalisco han denunciado anónimamente que son obligados a llevar más gente, tampoco han sido bien recibidas por su parte.

Tras las protestas que desencadenaron en una serie de arrestos, en junio del año pasado, el gobernador se molestó ante la pregunta que le hizo una reportera, y en tono molesto, le ordenó que redirigiera su pregunta.

Un día después de esa declaración, personal de la Fiscalía del Estado privó de su libertad a un grupo de jóvenes que se iban a manifestar a la sede de esa dependencia. A algunos se los llevaron fuera de la metrópoli y a otros los encerraron en un espacio conocido como “jaulas” dentro de la dependencia. Enrique Alfaro ofreció disculpas públicas, pero nunca despidió al titular de la Fiscalía.

Un ejemplo más de su molestia ante los medios de comunicación quedó en evidencia cuando dijo que su postura para todo el sexenio sería “no contestar mentiras”. Y enseguida se fue en contra de la línea editorial del periódico NTR.

El episodio más reciente involucra a nuestra compañera Rocío López Fonseca, quien este miércoles 8 de diciembre preguntaba al secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, sobre el desabasto de insumos básicos que han reportado trabajadores del Hospital General de Occidente.

Al escuchar las preguntas, el gobernador simplemente le ordenó a su funcionario que cancelara la entrevista y se lo llevó. Mientras caminaba, acusó a Rocío de tratar de “reventar” el evento.

En una década, el Enrique Alfaro que se asumiría como “el primer fiscal en la defensa de los periodistas” se convirtió en su principal crítico. Un hecho que, además, atenta contra el derecho constitucional a la libertad de expresión que él mismo prometió cumplir y hacer cumplir cuando rindió protesta como diputado, alcalde de Tlajomulco, de Guadalajara y gobernador de Jalisco.

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