Guadalajara, Jalisco.

El Congreso del Estado presentó una denuncia penal en contra de la jueza Primero de lo Civil de Tlajomulco, Aurora Graciela Anguiano Quijada, por el presunto delito de fraude procesal, luego de que buscó ser nombrada magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) e interpuso un juicio de amparo, con el fin de que no se le aplicara el examen de control de confianza.

El secretario general del Congreso, Tomás Figueroa Padilla, explicó que la jueza fue eximida de presentar ese examen y aún así presentó el recurso legal, con lo cual se suspendió la elección de tres vacantes existentes en el TJA.

Al parecer tal acción la hizo en coordinación con funcionarios del Poder Judicial federal, quienes le otorgaron una suspensión definitiva y le impidieron a los abogados acudir al Congreso a una audiencia para presentar alegatos a favor de que siguiera adelante la designación de magistrados.

Fotografía/@LegislativoJal

• "Existe para nosotros una red entre abogados, entre jueces y magistrados federales que con el ánimo de detener la propia designación de magistrados o magistradas, o interrumpir esa obligación constitucional que tiene el Congreso para designar a las autoridades correspondientes".

"Es por ello que el día de hoy estamos anunciando a todos ustedes las acciones que vamos a emprender en función de estos actos constitutivos de delito”

, expuso Figueroa Padilla secretario general del Congreso.

Por el mismo caso, se van a presentar otras denuncias por el presunto delito de abuso de autoridad y en contra de la administración de la justicia, como en contra de algunos integrantes del Juzgado 16 de Distrito en Materia Administrativa, Susana Castro, encargada del despacho, Arturo Aarón Guerrero García, secretario del mismo y una empleada que fungió como actuario.

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• “Le vamos a poner nombre y apellido porque la secretaria encargada del despacho, Susana Castro, Arturo Aarón Guerrero García, secretario del mismo y una servidora pública que fungió como actuario, intervienen en lo que ya relató la coordinadora jurídica".

"Para nosotros es un acto que puede ser constitutivo de delito. Al no darnos acceso a esta audiencia se cae en el delito de abuso de autoridad”

, comento el secretario general del Congreso Tomás Figueroa.

En rueda de prensa realizada en Palacio Legislativo, el secretario general dijo que la jueza Aurora Graciela, quiso engañar a la autoridad, ya que ella es conocedora del derecho y tenía conocimiento de que la Comisión de Justicia del Congreso emitió un acuerdo a su favor para que participara en el proceso de elección de magistradas del TJA.

• A raíz de la suspensión de dos procesos de elección de magistrados del TJA y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), el Congreso sufrió una afectación a su gasto.

Puesto que al suspenderse ambos procesos se gastaron 4 millones 525 mil pesos, dinero que se invirtió en la aplicación de exámenes de conocimientos elaborados por el Ceneval y por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).