Guadalajara, Jalisco.

Un caso de abuso sexual en una escuela secundaria de Autlán de Navarro derivó en una nueva recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Ésta fue dirigida al secretario de Educación en el Estado, Juan Carlos Flores Miramontes.

La defensoría reveló que este hecho ocurrió en marzo de 2019 en la Secundaria General número 96 “Jaime Llamas García”, y el responsable es un profesor de educación física, quien “ejerció violencia sexual en contra de una de sus alumnas en el ámbito escolar, realizando acciones premeditadas para ganarse su confianza, aparentemente favoreciéndola respecto al resto de sus compañeros y compañeras con un trato distinguido, con la finalidad de ejercer poder sobre ella, encaminado a cometer abuso sexual infantil”.

Se explica que incluso integró a su alumna en la escolta, la dejaba como encargada del grupo y, al solicitarle que le ayudara en organizar eventos, “propiciaba cercanía” con ella.

En una de esas ocasiones fue donde el maestro le propuso a su alumna tener relaciones sexuales, y ésta se negó, pero él comenzó a tocarla contra su voluntad y la amenazó: de no aceptar, la retiraría de la escolta y se quejaría ante su padre y madre.

Tras esto, afirma la Comisión, el maestro abusó sexualmente de la adolescente en dos ocasiones al interior de la escuela y luego ella se dijo temerosa, tanto por ella como por su familia.

Después, la joven reveló los abusos ante sus padres y éstos se quejaron ante la escuela, pero éstas “no tomaron las medidas de debida diligencia reforzada a que estaban obligadas para que se procediera administrativa y penalmente contra el profesor”. Ni la directora del plantel, ni el subdirector, ni la inspectora regional ni un profesor más que supieron del caso hicieron algo al respecto. Según la conclusión de la Comisión, fueron omisos.

Ante ese silencio, se interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía Estatal

Por ello, Derechos Humanos emitió la recomendación 15/22 en la que pide al secretario de Educación que “garantice, a favor de la víctima y sus familiares, la reparación integral del daño, para lo cual deberán otorgar todas las medidas de atención, restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición que resulten procedentes”.

No sólo eso. También que se ofrezca atención médica y psicológica a los afectados, se inicie un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de quienes no atendieron a la alumna y a sus padres, y que “de forma inmediata, el docente de educación física deje de llevar a cabo funciones frente a grupo hasta en tanto no se resuelva en definitiva los procedimientos penales y administrativos instaurados en su contra”.

Finalmente, que el titular de Educación sensibilice al personal docente respecto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y a la Fiscalía que haga lo conducente, pues “la audiencia inicial de imputación contra el docente se ha diferido en cuatro ocasiones”.