Guadalajara, Jalisco.
¿Te imaginas que alguien sugiera que el área donde has trabajado durante años simplemente desaparezca?
Pues, aunque no lo creas, hay alguien que propuso eliminar el organismo que ella misma dirige. Y fue la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.
"Parece fácil, pero han sido cuatro años de empuje permanente para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, absolutamente funcional al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre las autoridades en los pasados 70 años.
Esta ha sido la razón por la que impulsamos nuestra reforma, porque padecimos ese acuerdo y por eso nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, ya que no responde a las necesidades del pueblo mexicano”.
Todo comenzó cuando el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso eliminar los organismos autónomos; y entre ellos está el que defiende tus derechos humanos.
¿Sabes por qué es importante que existan órganos como este?
En Jalisco, nuestra Comisión ha ventilado, por ejemplo, que un Policía de Guadalajara mató a un padre de familia y le sembró un delito a quien estaba con él. También evidenció que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no sigue el protocolo con personas desaparecidas.
Que una mujer fue torturada por policías de Tonalá y todavía pasó un año en la cárcel injustamente.
Y, por si fuera poco, que una agente del Ministerio Público ordenó protección a Luz Raquel… cuando ella ya había muerto.
Lo que hacen estos organismos protectores de derechos humanos es recibir quejas de las personas. Ojo: quejas. Y sólo algunas terminan en una recomendación por el daño que el Gobierno les causó a las personas.
Lo malo es que esta autoridad tiene la opción de aceptarla o rechazarla, y el problema es que el llamado de atención puede quedarse solo en eso, pues no hay obligación de cumplirlo.
De 2018 a la fecha se han emitido 640 recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco tanto a autoridades municipales como estatales.
Y como te dije anteriormente, hay recomendaciones “en paquete”, que para que no se escuche feo, llaman “concentradoras”. Pero es lo mismo: ahí agrupan más de una víctima. Entonces, no son sólo 640 víctimas en Jalisco.
El director de seguimiento de Derechos Humanos, Fernando Zambrano, explicó que se concentraron para dejar claro el patrón de violaciones.
"En esas mismas, el patrón fue sistemático del patrón que se vio en el tema de feminicidios: deficiencias en la integración o en el abordamiento por parte de agentes del Ministerio Público, por parte de la Comisión de Búsqueda para Personas Desaparecidas, son las mismas omisiones que redundan en violación a los derechos humanos".
Los especialistas de la Comisión evidenciaron que en estos casos hay un factor común: falta de coordinación entre autoridades para compartir información en tiempo real. Por ejemplo, de la Fiscalía a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
"Las autoridades más señaladas en estas 40 recomendaciones es la Fiscalía del Estado con 10 recomendaciones, seguida por el Ayuntamiento de Guadalajara con siete, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado son cinco.
El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, con cuatro, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con tres, Secretaría de Educación con tres, Ayuntamiento de Tonalá, con tres".
¿Y si no existiera la Comisión de Derechos Humanos, quién investigaría los casos de tortura? ¿La Fiscalía?
Porque sí: en pleno 2023 se tienen documentados casos de tortura por parte de autoridades en Jalisco.
"Desafortunadamente, en estas 40 recomendaciones (de 2023) se comprobó y se acreditó el deleznable delito de tortura que se sigue cometiendo y en ese sentido fueron aceptadas y están en vías de cumplimiento en el sentido de no solamente realizar la investigación administrativa, sino que se está integrando una carpeta de investigación específicamente por el delito de tortura de los elementos policiales que intervinieron en la detención".
Pero en otras detenciones, la recomendación simplemente se catalogó como “tratos crueles e ilegales”. O sea: lo mismo, pero que no suene tan fuerte.
El funcionario explicó que en todas las recomendaciones se solicita una investigación administrativa, y en algunos casos puede haber un probable delito y se pide a las autoridades que den seguimiento al caso.
Las 40 recomendaciones de las que habla Zambrano son de 2023. Todas fueron aceptadas, pero ninguna ha sido resuelta por las dependencias.
Y una de las razones por las que eso ocurre es porque la Comisión provocó una “lluvia” de 17 recomendaciones en los últimos días de diciembre pasado; o sea, casi la mitad y en periodo vacacional.
Así, con todas sus carencias, en 2023 Derechos Humanos logró que se regresaran 3.4 millones de pesos en reparación de daños, con su presión fueron cesados e inhabilitados cuatro servidores públicos, amonestó a otros 22, se emitieron ocho disculpas públicas y vincularon a proceso a cinco funcionarios por cometer algún delito.
- Eso es lo bueno. Lo malo es que no sabemos quiénes son, a qué dependencia respondían ni el daño que causaron.
Ahí está lo bueno, ahí está lo malo y ahora viene lo peor: el año de la marmota.
Te invito a la cuarta y última entrega de este trabajo especial.
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