Guadalajara, Jalisco. 

Organizaciones civiles y colectivos defensores del agua se oponen a las recientes reformas propuestas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), advirtiendo sobre el riesgo de privatización y la falta de cumplimiento del mandato constitucional de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.

Las organizaciones denuncian que, a pesar de la narrativa presidencial de eliminar la privatización y el acaparamiento del agua, la propuesta mantiene el espíritu privatizador de la LAN, aprobada en 1992.

María González, Directora del Instituto de Desarrollo Comunitario A.C.

“Lo que nos están presentando es mantener la Ley de Aguas Nacionales, que es una ley aprobada en 1992, en el auge de la etapa neoliberal y de las privatizaciones de los bienes naturales o de los bienes públicos.

Además, pretenden promulgar una Ley General del Agua, pero nos están presentando una iniciativa que mantiene el carácter y el espíritu privatizador del agua en este país.”

Las organizaciones demandan la realización de un parlamento abierto en el Congreso de la Unión para discutir y dictaminar las iniciativas de la Ley General de Aguas, incluyendo la iniciativa ciudadana presentada desde 2020.

Además agregó que: 

“Presentamos al Congreso de la Unión la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas. Es decir, desde 2020 el gobierno de México ha tenido la posibilidad de cambiar el paradigma del agua, de transformarlo, y eso no ha sucedido.

En esta administración federal, el pasado 8 de octubre, la Secretaría de Gobernación entregó al Congreso de la Unión un proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Agua y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.”

• Las organizaciones advierten que la reforma propuesta podría generar un caos jurídico y dificultar la defensa de los derechos de las comunidades, al coexistir dos leyes que podrían entrar en conflicto.