Ciudad de Caos | Parte 4



Guadalajara, Jalisco.

¿Logras distinguir la barra más alta en esta gráfica? Ven. Acércate un poco.

¿Ya la aprecias mejor? Es el primer lugar que ocupa la Policía de Tránsito entre la opinión que tienen los mexicanos sobre las autoridades más corruptas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, 73 de cada 100 personas que participaron en el ejercicio consideran que los oficiales que deben hacer fluir el tráfico son los más corruptos de todos quienes integran el aparato de seguridad pública en el país.

La encuesta del Inegi revela que la percepción que se tiene de su trabajo es incluso peor que la de policías preventivos, jueces o agentes investigadores. En contraste, la Secretaría de Marina es la autoridad que menos ideas de corrupción despierta entre los mexicanos.

Pero, entonces… ¿Generan algo de confianza? Bueno, esta gráfica demuestra en dónde se encuentran los agentes viales en ese sentido.

En Jalisco, y particularmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el panorama es el mismo: la Policía Vial no goza de la mejor popularidad entre la opinión pública, y ahora los alcaldes de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco se han sumado a la lista.

El tema es que, constitucionalmente, esa labor no es responsabilidad del Estado, sino de los propios alcaldes que hoy se quejan por el mal trabajo que perciben de los oficiales de tránsito.

De acuerdo con el Artículo 115 de la Constitución, los municipios no sólo están a cargo del alumbrado público, la condición de las calles o el mantenimiento de parques y jardines. También tienen a su cargo la Policía Preventiva… y la de Tránsito.

Es decir que, según el máximo estatuto legal en el país, los mismos alcaldes que exigen un cambio de jurisdicción en las atribuciones de la Policía Vial en realidad deberían tener un cuerpo operativo que desempeñe esas funciones.

Y entonces… ¿por qué es el Estado quien asume esa responsabilidad?

La respuesta son los convenios.

Tal y como ocurre con el agua potable (que también es atribución municipal), los municipios metropolitanos han celebrado acuerdos con el Gobierno estatal para que éste asuma sus funciones en distintas áreas. Y como ya ocurre con el SIAPA, esto ha deparado en fallas que la mayoría de los ciudadanos percibe y lamenta.

Fotografía: SIAPA GDL (Facebook)

Juan José Frangie, el alcalde de Zapopan, ha sugerido que, de ser necesario, se les retiren las armas a los agentes viales para que vuelvan a la Secretaría de Movilidad.

Pero esa es una opción que bien podría tener atribución municipal, pues los ayuntamientos del Área Metropolitana de Guadalajara sí pueden instituir una policía netamente vial o, incluso, facultar a su Policía municipal para que los “rondines” de vigilancia integren funciones de agilización de tráfico o congestión vehicular.

Y sí: tan pueden, que tienen el cobijo de la Constitución para lograrlo…

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