En el marco de la próxima visita del papa Francisco a México, el Foro de la Niñez en Oaxaca exhibió la pederastia clerical contra cien niños indígenas de la sierra norte del estado, por falta de acceso a la justicia y reparación del daño después de dos años que se promovió la acción penal 140/2013 por el delito de corrupción de menores contra Gerardo Silvestre Hernández párroco en Villa Alta, quien actualmente está en el centro de Reinserción Social 12 en Tlaxiaco pero sin sentencia y protegido por José Luis Chávez Botello arzobispo de Antequera, Oaxaca, sobre los abusos en siete comunidades indígenas.

“¿Quién es el único responsable a quien le toca terminar con esto? el Papa Francisco, y lo que tenemos que hacer es exigirle que termine ya con este mecanismo institucional creado desde la santa sede con autorización de los papas para proteger a los pederastas y descalificar a las víctimas y a quienes pretenden estar de su lado”, declaró el exsacerdote Alberto Athié.

En 2011 un grupo de sacerdotes ante la cantidad de casos denunciados -primero en 2006 y después en 2008 solo en Oaxaca-, enviaron comunicación oficial a Roma que fue livianamente respondida sin atender a las víctimas. Apolonio Merino -también sacerdote- al intentar intervenir fue cesado, por ello para los organismos civiles se vuelve relevante en la visita oficial, que se reabran los casos y las autoridades mexicanas asuman su responsabilidad ante la falta de diligencia y encubrimiento.

“Está el caso de Oaxaca, gravísimo, el caso de San Luis Potosí porque toda la intención fue mantenerlo en secreto (…) en la ciudad de México por supuesto el caso de Maciel que sigue vigente porque el arzobispo jamás se ha reunido con las víctimas y el padre Nicolás que abusó de niños en la sierra de Puebla”, enlistó Alberto Athié.

Madres y padres de los cien niños de Oaxaca que son víctimas del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, preso sin sentencia, se mantienen en anonimato por temor a represalias. El Foro Oaxaqueño de la Niñez entregó las solicitudes oficiales a la embajada del Estado Vaticano para abordar el tema con el Papa Francisco, pero señalan que el Estado mexicano sigue teniendo responsabilidad por evitar investigar las graves violaciones a los derechos humanos desde la iglesia.