Guadalajara, Jalisco.

El caso de Verónica Ortiz ejemplifica muy bien el concepto de justicia patriarcal: esa que se ejerce de manera desigual en detrimento de las mujeres, que sostiene la impunidad ante la violencia de género y que se hace valer de la posición de poder del o los agresores.

Desde que se casó con José Israel N hace poco más de dos décadas, comenzó su historia de rabia y resistencia, cuando tuvo que ser así mientras padecía violencia psicológica, física, económica y vicaria por parte de este hombre quien es padre de su hija menor de edad

Detectar y reconocer que se están en medio de situaciones de violencia de género no es sencillo ni ocurre de inmediato, eso le paso a ella, cuando el tono de las agresiones llegó a su punto de intolerancia tras ver derrumbada su salud mental y física.

“Me aisló completamente de mi familia, de mis amigos, de mi entorno seguro, incluso manipuló fuertemente a mi familia haciéndoles creer que quien lo violentaba constantemente era yo.

Incluso después de mucho tiempo de estar buscando ayuda, terapia, guía espiritual, sesiones de psiquiatría, terapia cognitivo conductual, todo tipo de terapias para salir adelante pues no daba fruto porque francamente me doy cuenta que no está en mí”.

A inicios de 2023 decidió denunciar a su agresor y ahí comenzó otro ciclo de violencia, pero ahora por parte de las autoridades que, en un estado con Alerta por Violencia de Género, deberían garantizar por todos los medios el cese de estos actos, la reparación de daños y la sanción al perpetrador.

En el Centro de Justicia para la Mujer encontró grandes aliadas y contención emocional, sin embargo, en la Fiscalía y en los Ministerios Públicos, el caso se entorpeció.

Fallas en las carpetas de investigación, negación de los billetes de alimentos y un constante acoso, han sido el camino de Verónica tras decidir alejarse de su agresor.

“Como víctima de violencia familiar he sido víctima de violencia (...)

Física, psicológica, económica, patrimonial y revictimizada obviamente por  las instituciones del fuero común, específicamente el juez 5to de lo familiar , el licenciado Ponce Barba quien me negó categóricamente tres billetes de alimentos sabiendo mi endeble situación de salud física y mis medicamentos ascienden a más de 23 mil pesos mensuales”.

Actualmente, el agresor esta vinculado a proceso y ella en espera de una audiencia para que se le dicten medidas cautelares.

Mientras tanto, Verónica señala al padre y hermanos de su agresor como parte del aparato de hostigamiento del que es víctima, pero también señala a autoridades como el titular del juzgado 5to de lo Familiar y hasta a la policía de Zapopan, que se han prestado para acompañar a un abogado a ejercer una orden de embargo carente de legalidad.

“Es una persona que tiene muchos contactos en el Centro, Bajío, Nuevo Nayarit, Querétaro, entonces es una situación completamente adversa hacía mi persona y de poder muy grande (...)

Él esta ahorita fuera del país aún vinculado a proceso, una situación que yo no comprendo y fue una persona a mi domicilio con una orden de embargo sin el número del domicilio, sin el nombre de la persona a quien supuestamente iban a embargar.

Venía con un secretario, venía con la policía municipal (de Zapopan) en un vehículo oficial y un abogado de nombre Alejandro García de AFG Jurídico quien esta a escasas cuadras de mi casa. Yo temo por mi salud, por mi vida, les pido su apoyo por favor...

Acudía la Fiscalía y minimizaron la situación”.

• Verónica teme por su vida y por la integridad física y psicológica de ella y su hija, por lo que llama a las autoridades a dejar de proteger a quienes ejercen violencia familiar y sacar adelante la iniciativa planteada a inicios de marzo por diputadas del Congreso de Jalisco de crear una Fiscalía Especializada en Violencia de Género.