Guadalajara, Jalisco.

Los municipios son quienes deben hacerse cargo de la Policía Vial, pues esa es la facultad que les otorga el Artículo 115 constitucional.

Tras el debate que detonaron los alcaldes de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, Pablo Lemus, Juan José Frangie y Salvador Zamora, respectivamente, sobre la ausencia de agentes viales en las calles de la metrópoli, la Universidad de Guadalajara (UdeG) recordó que son ellos quienes están obligados a ordenar, administrar y regular las comunicaciones terrestres.

A través de un comunicado, el Comité Universitario en Materia de Desarrollo Urbano, Movilidad y Ordenamiento Territorial lamentó que “el desempeño actual de la Policía Vial haya quedado limitado a funciones mínimas, sin un sistema integral de seguridad vial que genera descoordinación entre las autoridades competentes, mientras que los ayuntamientos del AMG están limitados”.

Ante esa realidad, el grupo de expertos urgió a “revisar y reestructurar el actuar de la Policía Vial, organizando y facultando a las instancias municipales para la regulación de la movilidad en la ciudad, con un programa integral para la operatividad desde los ayuntamientos y el desarrollo de la profesionalización de los elementos”.

Según sus conclusiones, el que sean los municipios quienes estén a cargo de la Policía Vial, incluso con una visión metropolitana, “atendería la construcción de una agenda que permita el diseño de acciones que resuelvan los problemas de movilidad y sustentabilidad particulares” de la ciudad.

Esto ocurre días después de que los alcaldes externaran públicamente su inconformidad con la falta de presencia de agentes viales, quienes desde esta administración están asignados a la Secretaría de Seguridad, como policías, y no a la Secretaría de Movilidad, como encargados de hacer fluir el tráfico en las calles de una metrópoli cada día más congestionada como Guadalajara.

Para el Comité Universitario, es notable la “ausencia” de la Policía Vial y eso ha incidido en “una falla estratégica de la movilidad para la ciudad”, lo que ocurre debido a que continuamente se ha modificado el marco legal y este cuerpo operativo prácticamente ha ido de un lado a otro en sólo dos sexenios, “dando como resultado que sus atribuciones y facultades sean confusas en la operación de las mismas”.