Mezquitic, Jalisco.

La Secretaría de Gobernación pidió ayer a la representación de la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán, norte de Jalisco, un plazo de cuatro semanas para poder completar “un paquete” con los recursos económicos suficientes y las propuestas para indemnizar a los posesionarios mestizos y garantizar las restituciones pacíficas de tierras en Huajimic.

En la sede de la Secretaría de Gobernación en la capital del país, el abogado Carlos González García fue atendido por la comisionada nacional para el diálogo con los pueblos indígenas, Rosa María Nava Acuña, y el responsable de temas sociales en la Subsecretaría de Gobierno, Francisco Yáñez Zenteno. Allí le hicieron el planteamiento.

“Dicen que están ajustando presupuesto con el gobierno del estado de Jalisco, con gobierno federal, la Sedatu [Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano]; nos dicen que ellos pueden ir a la comunidad pero que no tienen ahorita un planteamiento concreto de solución; nos están planteando una reunión en Guadalajara en dos semanas, y de ahí ya armar una ya en la comunidad; y yo no sé qué vaya a decir al comunidad, porque ellos quieren una solución pronta, así que se ve muy difícil el escenario”, declaró el abogado Carlos González.

Los comuneros están molestos porque tras 20 meses de ejecución de restituciones sólo tienen dos predios bajo su dominio, y uno de ellos, en virtual estado de sitio, pues los ganaderos presionan a sus ocupantes porque no se le dio indemnización a su posesionaria. Ha habido al menos cuatro intentos fallidos. Son 16 juicios sentenciados, mientras un juicio de amparo de los ganaderos motivó que se frenaran sentencias en al menos 29 casos más que ha ido resolviendo el Tribunal Unitario Agrario 16 de Guadalajara. El tema de los dineros para garantizar la paz es fundamental, agrega.

El juicio que los ganaderos interpusieron es el 111/2014, que busca la anulación de la resolución presidencial que restituyó a San Sebastián Teponahuaxtlán. El Tribunal Superior Agrario determinó que todos los expedientes en que no hay sentencia dictada se dejen en estado de resolución mientras se dicta sentencia en este juicio. No obstante, se trata de un recurso sólo para retardar las sentencias inevitables a favor de los indígenas, que poseen mejor derecho. Por eso es urgente que haya dinero para destrabarlo todo.