Guadalajara, Jalisco 

Al acudir a la rueda de prensa semanal que ofrece el Gabinete de Seguridad, en Palacio de Gobierno, la Vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, se deslindó de cualquier responsabilidad en las omisiones que se cometieron en el procesamiento del campamento de reclutamiento de jóvenes, en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán. 

El 18 de septiembre de 2024, cuando se localizó el rancho con personas secuestradas, Blanca Trujillo Cuevas era la titular de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), en el gobierno anterior.

El puesto cambió de nombre en la gestión del gobierno actual, sin embargo, las responsabilidades de la funcionaria son prácticamente las mismas.

Una periodista le preguntó en forma directa si ella ordenó la no realización de diligencias en el rancho.

La vicefiscal respondió que no tenía facultades para dar ese tipo de órdenes.

“Quién es el responsable jurídicamente de un procesamiento y que decide cuándo inicia y cuándo jurídicamente lo va a declarar concluido, son los servidores públicos que intervienen directamente en el mando y conducción, firmando registros y haciendo su trabajo.

Son miles de carpetas de investigación las que se integran y obviamente para eso existe cada Agencia del Ministerio Público, que es la responsable de los casos que tiene a cargo. Entonces, en este caso, yo no podría, porque no está dentro de mis facultades el ordenar que inicien o dejen de hacer algo”, expuso.

Blanca Trujillo Cuevas expresó ante los reporteros que su papel se limita a coordinar y supervisar las funciones de los servidores públicos, y que las decisiones jurídicas las toman los agentes del Ministerio Público y a las instancias judiciales.

La Fiscalía Anticorrupción abrió la carpeta de investigación 180/2025 por las omisiones del caso del rancho de Teuchitlán, el cual fue descubierto meses después por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.

El caso ya está judicializado y se investiga a 12 funcionarios públicos:

• cuatro peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y ocho integrantes de la Fiscalía Estatal. Sin embargo, la vicefiscal no forma parte de los servidores públicos investigados. 

“Yo creo que esa es una respuesta que tendría que dar el Fiscal Anticorrupción, eso no es decisión mía. Yo comparecí cuando me citaron a declarar como testigo, establecí las circunstancias de tiempo, modo y lugar que me preguntaron y ellos son los que deciden el carácter que le dan a cada persona en la investigación. 

-¿Usted siente que está libre de responsabilidad en esas omisiones?, se le preguntó.

-Yo no puedo opinar, ellos tienen la carpeta y ellos son los que toman las decisiones jurídicas”, respondió. 

La audiencia inicial del juicio 180/ 2025 ha sido diferida en dos ocasiones. Estaba previsto efectuar la sesión para el 4 de agosto, pero las partes involucradas aún no han sido notificadas.