Guadalajara, Jalisco.

En forma simbólica, un grupo reducido de diez activistas realizó una clausura de las oficinas centrales del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), situadas en el cruce de las avenidas R. Michel y González Gallo.

Javier Becerra Ramos, director de la Organización Internacional de Derechos Humanos, se presentó en la explanada frente al área de cajas, y junto con algunas personas colocaron una manta y algunas calcas con la palabra “clausurado”. El servicio a los usuarios no se interrumpió.

El propósito del acto simbólico de clausura del SIAPA fue hacer patente la inconformidad por el alza a las tarifas de 9.6% que se autorizó en el Congreso local el pasado 26 de junio.

Becerra Ramos explicó que la autorización del aumento de precios del agua potable fue un “acto ilegal”, ya que los cuatro cabildos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá debieron validar la decisión y solo lo hicieron estos dos últimos ayuntamientos.

“Esto se debe principalmente al tarifazo que se hizo por parte del Congreso del Estado, porque en el Congreso -al parecer- los sorprendieron o se dejaron sorprender en la Comisión de Hacienda, ya que para poder haber discutido y aprobado el alza tuvieron que haber convocado a sus Cabildos, todos los ayuntamientos que componen el SIAPA.

Los únicos que cubrieron ese requisito fueron Tonalá y Tlaquepaque”, precisó.

Otra irregularidad fue que el Congreso debió votar a favor o en contra del 12.5% de alza, propuesto por la Comisión de Tarifas del SIAPA. Sin embargo, modificaron la cifra y quedó en 9.6%.

El convocante a la manifestación dijo que ahora pedirán la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que echen abajo el decreto avalado por la Legislatura. 

“Lo que tenemos que hacer es darle vista a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a efecto de que ellos interpongan una controversia constitucional, primeramente por la violación al decreto que no cumplió con los requisitos que todo acto del Congreso debe tener.

En su momento, en el primer acto de aplicación, que es cuando les llegue este recibo de pago, a partir de esto, tenemos 15 días para interponer el juicio de amparo y vamos a interponerlo de manera gratuita y vamos a darles acompañamiento a todo el ciudadano que quiera interponer este recurso”, subrayó.

• Los activistas anunciaron que las siguientes acciones son instalar plantones frente a las sedes de los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

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