Por sufrir “violencia política”, la diputada Brenda Carrera interpuso queja ante el IEPC
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Guadalajara, Jalisco.

Por considerar que han emprendido una campaña en redes sociales en su contra, lo que le afecta su vida personal y profesional, la diputada de Morena, Brenda Carrera García, interpuso una queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), en contra de la presidenta estatal de Morena, Érika Pérez García, el coordinador parlamentario Miguel de la Rosa Figueroa y el senador Carlos Lomelí Bolaños.

A los tres directivos morenistas los acusa de incurrir en actos de violencia política.

Brenda Carrera dijo que los tres personajes políticos insisten en expulsarla de Morena, cuando ella solo ejerció su derecho al votar a favor de que el gobernador Pablo Lemus, renegocie la deuda pública que tiene el gobierno de Jalisco.

La legisladora señaló que en redes sociales la han atacado y en la bancada de Morena en el Congreso la excluyeron de los grupos de whatsapp y no la invitan a las reuniones del grupo parlamentario.

“Ellos han hecho posicionamientos y declaraciones muy peligrosas y sobre todo, en la posición en que están ellos, donde me están violentando, yo desde ese día que hicieron esa rueda de prensa donde aseguran que pueden sacarme del partido, cuando no pueden hacerlo ni legalmente, ni internamente, entonces, ¿dónde está la libertad como legislador? Yo quiero visibilizar esa violencia y hacerlo por la vía legal, tenemos que alzar la voz”, expuso.

Brenda Carrera presentó otra queja ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena, en la que pide que se les suspendan sus derechos partidistas a Érika Pérez, Carlos Lomelí y Miguel de la Rosa. 

“De hecho, hoy no fui convocada para la sesión previa en el Congreso, me sacaron a mí y a todo mi equipo de los grupos de whatsapp. De hecho, ya viene todo en mi queja, todas las pruebas, las fotos, donde se ve que sacaron incluso a mis asesores, a mi equipo, me han aislado a mí y a mi equipo, el presidente Miguel de la Rosa”, dijo.

  • La queja ante la autoridad electoral debe resolverse en un plazo de cinco días hábiles.

Ignacio Pérez Vega