Guadalajara, Jalisco.

Pese a que la agresión y la censura contra nuestra compañera periodista, Rocío López Fonseca, fue público y está grabado en video, el Gobierno de Jalisco asegura que “ratifica su respeto a la libertad de expresión” y que el llamado de atención que le hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco “no especifica ni documenta supuestos casos de agresión a periodistas”.

Este día, la defensoría aseguró que hay al menos 24 investigaciones al respecto, y que la mayoría de ellas provienen del Poder Ejecutivo.

No obstante, en un comunicado, el Gobierno estatal afirma que “desde el Gobierno del Estado se ha garantizado siempre la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo y el derecho a la información, respetando el trabajo de todas y todos aquellos que practican esta profesión”.

Las medidas cautelares que emitió Derechos Humanos, dijo, serán atendidas y se les dará seguimiento, pero afirma que no se le notificaron las 24 “supuestas” agresiones a los periodistas de la Entidad. Y eso, argumenta, “constituye una violación flagrante al derecho humano al debido proceso, en lo relativo a la garantía de audiencia y defensa”.

Incluso desestimó que las supuestas agresiones de la Comisión se basen en un monitoreo de medios, “las cuales, legalmente como pruebas, sólo pueden tener un valor indiciario”, y no a través de quejas formales presentadas por personas que ejercen el oficio periodístico.

Finalmente, el Gobierno del Estado lamenta que la Comisión “prejuzgue sobre un contexto específico y atribuya responsabilidades sin el menor sustento legal, lo cual, paradójicamente, constituye una violación a los derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución”.