Guadalajara, Jalisco.

Al presentar el informe de actividades del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, David Gómez Álvarez, planteó la necesidad de hacer una reforma 3.0 en materia de anticorrupción en Jalisco.

Gómez Álvarez, quien recién asumió la presidencia del Comité de Participación Social (CPS), participó en la reunión de trabajo con la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

Dijo que la Legislatura debe aprobar la Ley de Designaciones Públicas y aplicar cambios al sistema de compras gubernamentales, con la idea de reducir o eliminar la presencia de empresarios en los comités respectivos.

Uno de los temas que se aproxima es la elección de nueve magistrados: siete para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y dos para el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), proceso en el que el Comité de Participación Social quiere intervenir para evitar que se designe a “cuates”.

“Las designaciones de dos magistraturas para el Tribunal de Justicia Administrativa, las designaciones de siete magistrados para el Supremo Tribunal de Justicia del estado y la designación del procurador de Desarrollo Urbano.

Como ustedes saben una de las distinciones más importantes que tiene el CPS, tenemos atribuciones para participar en los procesos de designaciones públicas”, dijo

Gómez Álvarez aclaró que el informe de actividades tiene que ver con la labor que hizo la presidenta saliente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, Nancy García Vázquez.

• Dijo que, pese a que discrepa en algunos temas con el gobernador Enrique Alfaro, reconoció que Jalisco tiene el mejor sistema local anticorrupción del país.

“Hay que recordar, porque esto a veces suena muy árido, es muy técnico, es muy complejo, muy tecnocrático, pero hay que recordar que Jalisco fue uno de los primeros estados en tener su política estatal anticorrupción.

En ese proceso de política pública de diseño, de formulación, de integración de una política pública en el ciclo, en ese ciclo, las primeras etapas tuvieron que ver con ese diseño que ocurrió en años anteriores y que creo que permitió que Jalisco fuera reconocido a nivel nacional, por tener una de las políticas públicas anticorrupción del país”, subrayó.

Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, fiscal anticorrupción, insistió que para tener mayores logros en la materia es necesario que se apruebe una Ley de Protección de Denunciantes e incluso para garantizarle la seguridad a personas que alerten sobre hechos de corrupción en los organismos públicos.

“A nivel nacional los fiscales anticorrupción ahora estamos trabajando en algo más extenso: alertadores, a personas que sean no necesariamente denunciantes, que no sean testigos, sino alertadores, gente que nos de información acerca de esto que puede estar pasando, sobre datos y temas de corrupción que se estén dando en las diversas instancias”, expresó.

La presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei), Olga Navarro Benavides, le pidió al diputado de MC, Higinio del Toro, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, que se reforme la Ley de Transparencia, para obligar a los 125 ayuntamientos a publicar sus programas operativos anuales y su programa anticorrupción.

Esta regla también debe aplicar a los 604 sujetos obligados del estado.