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París, Francia.

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy y otras 13 personas serán juzgadas por presunta financiación ilegal de la campaña para las elecciones presidenciales de 2012.

La justicia acusa a Sarkozy, de 62 años, de haber superado de forma deliberada el tope de gastos de 22,5 millones de euros autorizado por la ley, un delito castigado con un año de prisión y 3.750 euros de multa.

Sarkozy, que anunció de inmediato que apelaría la decisión de abrir juicio contra él, se retiró de la política en noviembre pasado tras su fracaso en las primarias de la derecha para designar al candidato a las presidenciales de este año.

Desde 2014, la justicia investiga un sistema de facturas falsas que habría servido para rebasar los máximos legales para financiar la campaña del conservador.

Además de Sarkozy, también serán juzgadas otras 13 personas, entre ellas altos responsables de su partido, por falsificación, abuso de confianza, estafa o complicidad en financiamiento ilegal de campañas electorales.

La decisión del juez Serge Tournaire era esperada desde hacía algunas semanas. La fiscalía de París también había pedido un juicio contra Sarkozy.

El expresidente está acusado de haber rebasado el máximo de gastos "comprometiéndose, sin tener en cuenta los avisos de los expertos contables de su campaña (...) en gastos electorales por un total de al menos 42,8 millones de euros", indicó una fuente judicial.

Se trata de una cifra muy superior al máximo legal, que entonces estaba fijado en 22,5 millones de euros.

Sarkozy todavía puede esperar que el otro juez que lleva el caso tenga una opinión distinta a la de Serge Tournaire, el único que firmó de momento la ordenanza para mandarlo a juicio.

Según fuentes cercanas al caso, el otro juez, Renaud van Ruymbeke, no tiene la misma visión sobre la implicación del expresidente en el fraude.

- Sistema a gran escala -

Entre los otras 13 personas que serán juzgadas hay responsables de su partido, el UMP (hoy llamado Los Republicanos), responsables del equipo de campaña y de la compañía Bygmalion, que organizó actos de la campaña.

El caso se centra principalmente en un sistema de facturas falsas a gran escala que, aprovechando la falta de los controles, servía para esconder que se rebasaba el máximo de gasto.

El escándalo estalló en 2014, cuando los dirigentes de Bygmalion y Jérôme Lavrilleux, unos de los responsables de la campaña, revelaron el sistema de financiamiento de la campaña de Sarkozy.

El fraude consistía en imputar al partido (UMP) cerca de 15,2 millones de euros en gastos de mitines electorales que en realidad tenían que figurar en las cuentas oficiales del candidato.

La investigación no ha permitido dilucidar quién tomo la decisión aunque varios implicados indican que Jérôme Lavrilleux tuvo un papel clave en la financiación, aunque él afirma que sólo lo supo después de la campaña.

Por el momento nadie ha implicado directamente a Nicolas Sarkozy por las falsas facturas.

Sin embargo la fiscalía afirma que las "instrucciones" del expresidente para organizar más mitines (hasta un total de 44) fueron "rigurosamente contrarias a los imperativos" de control de gasto que le habían recordado sus contables.

"Había 46 cajas llenas de facturas. ¿Tenía que inspeccionar las 46 cajas?" dijo Sarkozy ante el juez. 

También negó que los gastos superaran los límites y aventuró que los dirigentes de  Bygmalion podrían haber sobrefacturado los gastos en beneficio propio.

Pero en el marco de la investigación, un informe de expertos financieros llegó a la conclusión que el precio que facturaba Bygmalion por sus servicios no era anormal.

Además, la idea de un fraude en el que sólo intervinieron Bygmalion y el UMP sin conocimiento de los responsables de la campaña parece perder fuerza porque los investigadores han descubierto que otros gastos no relacionados con esa compañía tampoco habían sido incluidos en las cuentas oficiales.