Guadalajara, Jalisco.

Militares patrullando las calles de las ciudades en funciones de seguridad pública, es una imagen que se ha familiarizado. Los vemos en carreteras, en puntos de detención, en operativos contra comercio de refacciones robadas en la colonia Analco o en vigilancia temporal de barrios donde se venden medicinas en la calle e involucrados en tareas de investigación de delitos. Sin embargo, ¿dónde está el marco legal para que esto suceda?. No existe, el Congreso no está facultado para legislar sobre seguridad interior e, incluso para expertos en la materia, su presencia durante los diez años de guerra mexicana es inconstitucional, además de altamente negativa.

En medio de debates, marchas y reclamos por el alza del precio de los hidrocarburos, en la cámara de Diputados se discute uno de los temas de toda la relevancia para la sociedad al que pocos están poniendo atención: la Ley de Seguridad Interior propuesta por los senadores panistas, una ventana al estado de excepción donde las garantías individuales se ponen en peligro, señaló José Antonio Guevara director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

 “No queremos en un país democrático, que los militares no estén supeditados a la autoridad civil, van a regirse bajo sus mismas lógicas de matar para combatir la delincuencia cuando deben estar sujetos de corte ciudadano y, tampoco, (las autoridades) han investigado los delitos en los que están inmiscuidos los políticos incluidos los jefes de las policías y los responsables de la seguridad pública. Quieren darnos una solución que ha resultado contraproducente para los derechos de la ciudadanía porque lo que sí está probado es que en los últimos diez años gracias a la participación militar, hay más desaparecidos, detenidos arbitrariamente por las fuerzas armadas y eso lo quieren legislar” expresó.

A finales del año pasado un amplio grupo de organismos civiles demandó a legisladores discutir abiertamente y con un diagnóstico serio, la Ley Reglamentaria al artículo 29 de la constitución que pretende sin contrapesos y vigilancia “regular el procedimiento que decreta la restricción o suspensión de los derechos y garantías, además de las autorizaciones necesarias para que el Ejecutivo haga frente a una situación de emergencia”, cuando se acumulan 200 mil homicidios y 28 mil personas desaparecidas desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico y los civiles se volvieron blanco de violaciones graves a los derechos humanos. Para Guevara Bermúdez no hay justificación legal y técnica para que la Ley de Seguridad Interior se apruebe, pese a que ya pasó por la Comisión de Derechos Humanos de la actual legislatura del Congreso de la Unión.

“Las posibilidades de fiscalización de lo que hacen, son inexistentes por más que haya un aviso al congreso. La misma Cámara de Diputados en un seminario que se organizó en diciembre, decía que no hay manera de fiscalizar los recursos que se asignan al ejército, por eso es muy difícil para la ciudadanía medir la eficacia del gasto, sabemos que le san multiplicado en los últimos dos años y lo que sabemos es que los delitos que salieron a prevenir no hay disminuido sino han incrementado están queriendo llegar a la solución de un problema a partir de una respuesta que están pidiendo los militares que es que les den una Ley de Seguridad Interior que eso va a resolver los problemas que no han podido resolver en diez años.”

La Comisión Nacional de Derechos Humanos registró a noviembre de 2016, 12 mil 408 quejas contra las fuerzas armadas, 80 por ciento son de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 18 por ciento a personal de la Marina Armada. En Jalisco los estragos de la venganza que el ejército emprendió contra civiles en el Grullo y Autlán cuando perseguían al ‘Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el 1 de mayo de 2015 a quien no atraparon, por lo menos dejó 8 personas asesinadas con rasgos de tortura; testimoniales anónimos aseguraron haber visto más de 40 cuerpos apilados en un campo militar provisional en Villa Purificación ese día.

También, está por cumplirse un año de la detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 3 jóvenes en Tepatitlán de Morelos por el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Para el director de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República (PGR) y juzgados civiles, no tienen interdependencia para perseguir delitos contra gobernadores, políticos y policías involucrados en el narcotráfico, mucho menos para que militares sean debidamente procesados.  “En la experiencia de 25 años de trabajo de la organización y los casos que representamos de violaciones graves de derechos humanos de militares cuando están tareas que no les son propias legalmente hablado: desapariciones cometidas en el contexto de la guerra sucia, ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas en el contexto del conflicto zapatista, o bien desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura cometidas en el contexto de la guerra contra las drogas en ninguna, en el 100 por ciento de los casos que representamos, tenemos a un militar en la cárcel.”