Guadalajara, Jalisco.

Aunque hay autoridades que aseguran que no existe, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU puso en evidencia que existe una grave crisis forense en México que se traduce en más de 52 mil personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.

Por ello, la delegación de Naciones Unidas expresó su “profunda preocupación” y aseguró que, pese a los avances institucionales y legales, el Plan Nacional de Búsqueda “no se ha implementado para llevar a cabo búsquedas e investigaciones”.

Jalisco tiene un lugar importante en esta problemática. Junto con Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, concentra 71.7% de los cuerpos no identificados.

De hecho, en Jalisco y Coahuila, el Comité "recibió alegaciones de desaparición de personas, tras su internamiento en centros de tratamiento de adicciones".

Es decir, que hubo quienes fueron internados en clínicas de desintoxicación y simplemente desaparecieron.

Por ello, lamenta que, cuatro años después de adoptarse la Ley General, sólo algunas entidades cuenten con fiscalías especializadas, mientras que otras, como la de Jalisco, no ha sido categorizada de manera que corresponda con la estructura orgánica y atribuciones establecidas en esa Ley General.

Por ello, el Comité urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.

Pero no sólo eso. También llamó a eliminar los obstáculos en la persecución penal, que preste la debida atención a las desapariciones de migrantes y aborde la crisis forense en el contexto de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.

Concluyó que, “para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”.