Guadalajara, Jalisco.

Despojos inmobiliarios de áreas verdes, como ocurre en el predio de Iconia en Huentitán, una verificación vehicular excesivamente baja, una incompetencia histórica en el manejo de incendios y la gestión del agua, tienen a Jalisco sumido en una de las peores crisis medioambientales, sentenció el abogado Eduardo Mosqueda.

Desde el campamento en el Parque Resistencia Huentitán, el abogado expuso que existe un nivel de inacción desde los tres niveles de gobierno que evita tener un ambiente sano para el desarrollo en el Área Metropolitana de Guadalajara, por lo que es necesario defender los derechos humanos a través de este tipo de acciones en resistencia y jurídicas.

En verificación vehicular, el gobierno actual tiene el menor porcentaje de automóviles que cumplen con esto. Mientras que, en materia de incendios, este es el peor año para el Bosque de La Primavera y solo observan una ineptitud y la osadía del gobernador Enrique Alfaro de deslindarse del cuidado de los bosques, dijo Mosqueda.

“Podemos ya asegurar que 2021 es el peor año para el Bosque de La Primavera, nunca se habían tenido la cantidad y tampoco la cantidad de tierra y bosque afectada como este año, y pues lamentablemente eso lo podemos ver en nuestro aire”.

Una de las acciones jurídicas más comunes que recomienda seguir en los conflictos socioambientales, es el juicio de amparo, pues una suspensión funciona cuando se afectan derechos esenciales de las personas al intentar cambios de usos de suelo o dar licencias de construcción, cuando los planes parciales ni siquiera lo permiten, como ocurre con Iconia.

Esa ruta jurídica la tienen contemplada quienes mantienen la defensa de este predio para que sea un Parque Municipal.

Sin embargo, el abogado adelantó que desde el Poder Judicial también hay negligencias que privan de un efectivo acceso a la justicia en este tipo de casos.

“Vemos que hay una violación sistémica por parte del estado mexicano, en todos sus niveles, Federación, Estado, municipios y en todos sus órdenes, el ejecutivo, el legislativo y Judicial para cumplir con las obligaciones del estado mexicano, que son difundir los derechos humanos, la de protegerlos, la de garantizar y respetarlos”.

La resistencia por parte de vecinos, estudiantes, activistas y especialistas cumplió ya 59 días.