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Tortugas marinas o delfines que llegan muertos al playón de Mismaloya, en Tomatlán, no son obra del azar. Cinco de los 12 meses del año, la causa se percibe sobre la línea del horizonte: embarcaciones de más de tres toneladas y sus redes invisibles al sol del mediodía. Un punto lejano que por las noches crece, cobijado en las tinieblas, y se acerca a la playa protegida más grande de México, donde “levantan todo lo que encuentran al paso de sus redes”.
Carlos Ramírez, uno de los líderes históricos de la Cooperativa Pesquera de La Cruz de Loreto, destacó que este mecanismo es exitoso porque hay escasa vigilancia de la autoridad.
Son barcos de Mazatlán, de Topolobampo, de Guaymas, o bien, de Manzanillo.
La Cruz de Loreto tiene un destacamento de la Marina, pero sus ocupaciones en tiempos de violencia son otras. No deja de resultar paradójico, porque un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y diversas organizaciones ambientalistas, destaca que la gran ilegalidad en el negocio de la pesca deriva de un creciente debilitamiento de la “gobernanza”, fruto de ese auge de grupos armados ligados al crimen organizado que combaten los marinos, y por lo cual dejan a las costas huérfanas de autoridad.
Esto no sucede sólo al centro del litoral jalisciense: Los pescadores de Tehuamixtle, al norte, o de Pérula y Barra de Navidad, al sur, confirmaron la presencia de esos grandes buques y efectos ambientales y económicos.
Pero la cadena de daños no se limita a estas extracciones. Todo el manejo de las cuencas costeras es deficiente. La tala de las cabeceras ocasiona que toneladas de azolve lleguen a los humedales costeros, zonas de reproducción de especies de alto valor comercial. Y no se diga de los agroquímicos de la agricultura, que nunca se tratan. La consecuencia es un declive general en la productividad.
La pesca de Jalisco no pinta como generadora de riqueza a nivel nacional, pero mantiene a cientos de familias y genera derrama en la economía local que hasta ahora es insustituible, más allá del delicado problema de romper equilibrios ambientales, cuyos costos se pagan a futuro.
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