Washington, Estados Unidos.
Un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viajará a México en noviembre, en la primera visita del mecanismo de acompañamiento de las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes en la localidad de Ayotzinapa, informó la entidad este martes.
La CIDH había anunciado el 29 de julio la formación de este Mecanismo de Acompañamiento, que tiene como objetivo vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH para seguir la investigación del crimen, continuar la búsqueda de los desaparecidos y atender a los sobrevivientes.
El coordinador de ese mecanismo, el relator Enrique Gil Botero, encabezará el equipo en México y será acompañado por el presidente de la CIDH, James Cavallaro, y el secretario ejecutivo de la entidad, Paulo Abrão, además de diversos técnicos.
El grupo estará en México del 9 al 12 de noviembre y tiene en agenda reuniones de trabajo tanto en la capital como en la localidad de Ayotzinapa, y un encuentro con los familiares de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
Este Mecanismo substituye al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el equipo de peritos formado en 2014 de común acuerdo por la CIDH y las autoridades mexicanas para proporcionar asistencia técnica a las investigaciones sobre lo ocurrido.
Cavallaro dijo que la CIDH "tiene expectativa de que las recomendaciones del GIEI sean debidamente cumplidas y el Mecanismo sirve para dar seguimiento al progreso en la implementación de las mismas".
El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de una escuela rural de Ayotzinapa tomaron cinco autobuses para ir a una protesta cuando fueron atacados por policías corruptos de Iguala, una zona clave en la producción de amapola para la producción de heroína.
El gobierno mexicano había sostenido la versión de que los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero por narcotraficantes del área, por supuestamente haber sido confundidos con una banda rival, aunque esta versión fue cuestionada por ONGs de derechos humanos y los expertos independientes de la CIDH.
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