Guadalajara, Jalisco.

El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) no sólo ha sido un mal inversionista a lo largo de los tiempos; también es una víctima extrañamente predilecta de los fraudes, con exceso de ingenuidad de quienes lo han dirigido y así se ha involucrado tanto en la construcción de edificios que ni licencia tienen, como en la adquisición de predios que cuentan con otros dueños y hasta escrituras falsas. El daño sólo por esto supera los mil 162 millones de pesos.

Dentro de las múltiples denuncias que ha emprendido el área jurídica del organismo se pueden detectar, a lo largo de los últimos 11 años, intentos de “multiplicar” los recursos de los trabajadores que terminan en saqueos.

Son al menos ocho carpetas de investigación en ese sentido. Entre los involucrados y presuntos responsables se encuentran desde funcionarios y trabajadores del mismo, como constructoras y personas ajenas a la institución.

Uno de los casos es un predio otorgado en dación de pago a Pensiones del Estado, por parte de Servicios y Transportes, pero donde alguien se les adelantó y a su vez vendió con escrituras falsas el mismo predio a un tercero. Por ello está una denuncia por más de 93 millones de pesos.

En otra carpeta, la número 2 mil 857/2019, otra vez Pensiones del Estado de Jalisco se metió a actividades inmobiliarias, se asoció con una constructora a través de un fideicomiso y se abocó tanto a renovar un edificio como a construir departamentos. La empresa, sin embargo, ya había realizado preventa y venta de los mismos, y no reportó nunca las ganancias. La afectación al organismo supera los 28 millones de pesos.

Otro hecho difícil de creer es el relacionado con la compra del predio rústico conocido como Los Charcos, situado en Zapopan. La empresa que le vendió es Reserva del Bosque S.A. de C.V., pero resulta que no era la legítima propietaria y ya existían dueños del mismo, incluso con escrituras. La carpeta de investigación es por los delitos de fraude y falsificación de documentos, por 530 mil pesos.

Entre los de mayor cuantía está el que se investiga dentro de la carpeta de investigación 61 mil 285/2020 por más de 524 millones de pesos invertidos para que una empresa construyera 47 macro lotes, pero ésta no ha justificado la inversión y ni siquiera se tienen licencias de urbanización. Uno más, un predio entregado por el ayuntamiento de Puerto Vallarta en dación de pago, pero que es reclamado por un particular supuestamente con documentación falsa.

Aunque también hay casos que involucran a personal que ha trabajado para pensiones, como los encargados del estacionamiento de Plaza de las Américas, en Zapopan, que seguían prestando servicio fuera de horario, sobre todo los fines de semana, y nunca reportaron las ganancias. O quien fuera jefe de prestaciones, quien daba préstamos fuera de trámite. Sobre esta última conducta aún no hay monto.

Hasta entre quienes han contratado para algunos servicios especiales los han fraudeado, como es el caso de una enfermera que alteraba los formatos de atención médica a los pensionados y cometió un fraude a Pensiones por casi seis millones de pesos.

Estos son solo algunos casos detectados y que ya se supone que están siendo investigados. A ellos se suman los que públicamente han denunciado las autoridades estatales en turno y que involucran directamente a los miembros del Comité de Inversiones del Ipejal, un ente en el que, según ha documentado este medio, hay perfiles “reciclados” de administraciones anteriores, como es el caso de Juan Jaime Petersen Farah, y además ha tomado las peores decisiones.