Guadalajara, Jalisco.

El agua potable que recibes en casa es mucho más que una obligación del Estado. Es un derecho humano reconocido por la Organización de las Naciones Unidas: la ONU.

Sin embargo, ese estatus es relativamente nuevo. La Asamblea General de las Naciones Unidas lo reconoció como tal desde el 28 de julio de 2010. Y desde hace casi 12 años, los gobiernos se comprometieron a garantizar acceso universal a un agua limpia y a que ésta reciba tratamiento.

Esta resolución de la ONU exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos, capacitación y transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los que están en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

Y México reconoció este derecho desde el 8 de febrero de 2012, con una reforma al Artículo 4° Constitucional.

Desde finales de la década 2000, la ONU se dijo “profundamente preocupada” porque las enfermedades relacionadas con el agua y su saneamiento cobraban la vida de 1.5 millones de niños al año.

Sin embargo, una década después, México todavía se encuentra lejos de cumplir con ese derecho humano universal, ya que ni siquiera la mitad (47.5%) de las aguas residuales colectadas recibe tratamiento, y un porcentaje mucho menor, que es difícil de precisar por la falta de monitoreo y vigilancia, cumple con las normas de calidad de las descargas.

De acuerdo con el Consejo Consultivo del Agua A.C., aunque 92% de la población en México tiene acceso al servicio de agua potable, el porcentaje disminuye “dramáticamente” cuando se considera su calidad, y además, sostiene que:

“La mayoría de los organismos operadores de sistemas de agua para servicio público son ineficientes y opacos; funcionan con criterios políticos y clientelares, no están debidamente profesionalizados, dependen de cuantiosos subsidios y no están constituidos como empresas públicas sujetas a reglas claras y transparentes de Gobierno”.

Otro obstáculo para lograr ese acceso universal al agua potable está en las tarifas, que “son fijadas políticamente por los congresos y, con frecuencia, no son suficientes para asegurar la autosuficiencia de los organismos operadores, además de que algunos se manipulan con fines político-clientelares”.

Diez años después de reconocer al agua como un derecho universal, México todavía no puede presumir un abastecimiento de agua por persona suficiente y continuo para el uso personal y doméstico; que el agua esté libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos; que presente un color, olor y sabor aceptables para ambos usos; que los servicios de agua y saneamiento se encuentren en el hogar y, sobre todo, que el agua pueda ser costeada por todos.