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Jalisco.
La figura de Diego Rivera Navarro, hasta ayer alcalde de Tequila, pasó en poco más de un año de gobierno de ser un actor político emergente a convertirse en un personaje rodeado de controversias, choques de poder y denuncias reiteradas.
Su detención por fuerzas federales marcó el punto más alto de una escalada de conflictos que se fue gestando desde los primeros meses de su administración al frente de uno de los municipios más emblemáticos de Jalisco.
Conflictos y tensiones en la administración municipal
Desde el inicio de su mandato, Rivera Navarro mantuvo una relación tensa con sectores empresariales y sociales del municipio, particularmente con la industria tequilera.
Evidenció un choque frontal entre el ayuntamiento y uno de los principales motores económicos de la región, derivado de disputas por permisos, obras, cobros municipales y decisiones administrativas que fueron calificadas como discrecionales y obstructivas.
A la par de ese conflicto empresarial, comenzaron a acumularse inconformidades de comerciantes, prestadores de servicios turísticos y ciudadanos, quienes denunciaron presuntas prácticas de presión, cobros irregulares y amenazas vinculadas a trámites municipales.
Áreas estratégicas como Seguridad Pública, Catastro y Obras Públicas fueron señaladas de manera recurrente, generando un ambiente de desgaste institucional en un municipio cuya estabilidad es clave por su condición de Pueblo Mágico.
Investigaciones y acciones oficiales tras la detención
Las tensiones no se limitaron al ámbito económico. La Fiscalía de Jalisco confirmó la existencia de cuatro carpetas de investigación contra el alcalde por presuntos delitos de extorsión y violencia de género, expedientes que, aunque seguían su curso, no habían derivado en una acción inmediata a nivel estatal.
Finalmente, fue la federación la que intervino y ejecutó la detención del edil y de tres de sus colaboradores más cercanos.
Tras la captura de Rivera Navarro, el gobierno estatal asumió el control de la seguridad en Tequila y anunció revisiones a la corporación municipal, mientras las investigaciones continúan abiertas en el ámbito federal y local.
El caso deja al descubierto un gobierno marcado por el conflicto permanente y coloca al municipio en una etapa de incertidumbre política, en espera de definiciones legales que podrían redefinir el rumbo de su administración.
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