Guadalajara, Jalisco. 

Todos tienen a sus favoritos. Incluso en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

Por ejemplo, la actual presidenta, Luz del Carmen Godínez González, contrató al exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Claudio Isaías Lemus Fortoul.

Ese funcionario prestaba sus servicios de manera independiente con el anterior presidente del organismo de defensoría.

Pero su récord no está del todo limpio. Lemus Fortoul fue señalado en un par de recomendaciones al estar al frente de los servicios forenses en 2008, una en 2009 y otra en 2011.

Uno de estos llamados de atención fue por la muerte de un joven en un accidente de tránsito provocado por el hijo de un funcionario público.

Ahora, el ex director de Ciencias Forenses está en la nómina como visitador adjunto en el órgano interno de control. Es un trabajador de confianza y recibe 16 mil pesos quincenales.

Otra de las favorecidas es Alejandra Salas Niño, la tercera visitadora general. Ella tiene una recomendación de 2018, cuando fue directora de Protección y Apoyo Legal en el sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Guadalajara.

Ahora que, si se trata de militantes de partidos, en Derechos Humanos está la ex candidata por el PRI para el distrito 10 en Zapopan, Mariana Sophia Márquez Laureano, quien también forma parte de la plantilla. Ella es visitadora general adjunta en la Relatoría Especial de los Derechos Humanos de las Mujeres.

El secretario Técnico de la Comisión, Ramón Saúl Meneses Pérez, es un funcionario panista que fue elegido en una terna que estuvo “viciada”.

Otro perfil destacado es Francisco Javier Ulloa Sánchez. Él fue director del Ayuntamiento de Guadalajara en la administración del panista Emilio González. Este funcionario fue acusado de autorizar cambios de uso de suelo y fue contratado el 2 de agosto del año pasado, en los primeros días de gestión de la nueva presidenta de la Comisión.

Por casos como estos, hay quienes afirman que este organismo en realidad es una agencia de colocación. Un ejemplo de ello es que el ex coordinador de Administración y Finanzas del Congreso de Jalisco, Jorge Mestas Ibarra, ahora es coordinador de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil.

El candidato por el Distrito local 4 por el PRI, German Sevilla Santana, ahora también trabaja para Derechos Humanos.

Pero no son los únicos casos.

Orgullosa del #PRI y de haber estado presente en la fiesta de todos los priístas.

A sus 93 años, sigo y seguiré diciendo ¡que somos el partido de México!#vámonosdeldiscursoalaacción pic.twitter.com/LQdaijqipC

— Nallely Arellano López (@NallelyArella14) March 5, 2022

La ex candidata a suplente diputada por el PRI en 2021, Érika Nallely Arellano López, ahora se desempeña como servidora pública en la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento en Derechos Humanos.

El ex director general de análisis y políticas públicas de la Coordinación Estatal de Seguridad del gobierno de Enrique Alfaro, Francisco Javier Campos Orozco, ahora es un empleado de confianza y también labora para el área de Quejas y Orientación.

También el precandidato a diputado local por el PRI en el distrito 11, Ramiro Nolasco Castañeda, está en la nómina de Derechos Humanos. Específicamente, en el área de quejas y orientación como empleado de confianza.

Ante esta realidad, el especialista en Derechos Humanos, Francisco Macías, afirma que tendría que haber más transparencia en cuanto a la trayectoria de los servidores públicos.

“Tener funcionarios que tienen señalamientos de violaciones a los derechos humanos, y que hoy estén tratando de garantizar derechos… Tendría que haber un estándar de evaluación, incluso un procedimiento muy claro en donde podríamos estar seguros como sociedad, de que no se trasladen este tipo de señalamientos que hubo en el pasado, tuvieron su función y que ahora no tengan la suficiente autonomía e independencia para poder dar cumplimiento a lo que se busca a través del mandato de un Ombudsperson”. 

Y cuestionó el impacto que perfiles como esos podrían tener en los pronunciamientos.

“Si yo soy un señalado en las recomendaciones, y a final de cuentas lo que voy a hacer es trasladar ese tipo de dinámicas a un organismo autónomo que se dedica, precisamente, a lo contrario, pues es un contrasentido para la institución, no es un asunto personal porque se trata de personas con un gran currículum y una gran capacidad, pero en el caso del Ombudsperson tenemos que evaluar este tipo de señalamientos en qué sentido están, cómo se cumplieron porque si yo no lo hice en la función pública, pues no puedo esperar que ahora estando como organismo garante pueda tener la suficiente fuerza para que esas autoridades lo hagan”. 

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