Guadalajara, Jalisco.

La Universidad de Guadalajara presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable por el delito de falsificación de documentos expedidos por los poderes del estado, organismos autónomos, ayuntamientos o de los documentos de crédito.

La denuncia se interpuso ante la Fiscalía del Estado después que una empresa presentó un contrato falso con la Universidad de Guadalajara para acreditar su experiencia en proveeduría de limpieza y reparación de redes hidráulicas en una licitación del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

La empresa Lining & Environmental Consulting se vio beneficiada con un contrato de consumibles para magas en una licitación del Siapa.

El sistema de mangas es el que permite al organismo hacer limpieza y reparaciones en la red hidráulica sin necesidad de excavaciones.

El contrato por 9.7 millones de pesos le fue adjudicado por el Siapa a pesar de ser la oferta más cara, con el argumento que fue la única empresa que cumplió con el requisito de acreditar experiencia en contratos similares en el último año. Para probar esa experiencia, la empresa presentó un contrato con la Universidad de Guadalajara, para la limpieza de 5 kilómetros de drenaje en el Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas, según los documentos que integran las ofertas de la licitación, entregados vía transparencia por el Siapa.

Dicho contrato fue solicitado también vía transparencia a la UdeG, que respondió que éste no había sido localizado.

La casa de estudios entregó además una ficha informativa en la que señala que no existe ninguna relación laboral o de servicios de la universidad ni del Cucea con dicha empresa, a la que solo le renta dos bodegas en Calle 2.

El Siapa señaló que en las licitaciones actúa de buena fe y no está obligado a revisar la veracidad de los documentos que entregan las empresas.

Ante estos hechos, la Universidad presentó la denuncia penal y pidió que se solicite copia certificada del expediente al Siapa para que se puedan realizar los peritajes grafoscópicos y documentoscópicos.

Estas acciones se suman a la denuncia que presentó un particular ante el Órgano Interno de Control del Siapa, así como un juicio de nulidad que emprendió la empresa que presentó la oferta más económica, la cual consiguió una suspensión del Tribunal de Justicia Administrativa.

Redacción: Sonia Serrano

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