Guadalajara, Jalisco.

Los movimientos sociales en México se han agravado en los últimos años por la violencia e inseguridad en el país, pero sobre todo por la represión hacia las personas que defienden el territorio y los derechos humanos, afirman especialistas e investigadores de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México.

Tal es el caso de Jalisco, en lo que va del 2022 se registró el asesinato de Verónica Patricia Guerrero Vinueza, abogada y ambientalista que exigía a la empresa Caabsa Eagle dejara de tirar basura en el sitio irregular en Matatlán, Tonalá.

Y recientemente la desaparición forzada de dos defensores del territorio de la Sierra de Manantlán, quienes por años se manifestaron en contra de la devastación de la minería transnacional e ilegal en la región Costa Sur de Jalisco.

Fotografía: María Blanco

“Hay intereses muy fuertes que precisamente chocan los procesos de cambio y esto se refleja en con la violencia que proviene del Estado, del crimen organizado, de grupos empresariales muy poderosos entre los que podemos señalar compañía mineras, compañías acompañadas a la explotación agrícola o forestal sobre todo cuando se dedican a la producción agrícola de exportación”.

Otras de los movimientos que continúan vigentes en la entidad está encabezada por Un Salto de Vida AC que lucha por la salud de los habitantes de Juanacatlán y El Salto, que se ve afectada por la contaminación del río Santiago y del basurero Los Laureles, y que también exigen a las empresas nacionales y transnacionales dejen de contaminar el agua del río.

También está el Colectivo en Defensa del Bosque Nixticuil en Zapopan, que recientemente ha señalado la depredación de Áreas Naturales Protegidas con el permiso del propio Gobierno de Zapopan para el desarrollo inmobiliario.