Guadalajara, Jalisco. 

Al crearse este año el Servicio Estatal Tributario (SET), alrededor de 200 empleados del área de Ejecución Fiscal de la Secretaría de Hacienda Pública del gobierno de Jalisco, se quedaron sin trabajo: 110 que laboraban en oficinas recaudadoras foráneas y 87 en recaudadoras metropolitanas. 

Por ello, presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), en contra del:

• Secretario de Hacienda Pública, Juan Partida Morales;
• Alejandro León Cruz Chi, director general de Administración Tributaria; 
• Y de Juan Carlos González Reyna, director de Notificación y Ejecución Fiscal, de la misma dependencia.

Un grupo de unos 20 ejecutores fiscales se reunieron frente a la Recaudadora 000, situada en Corona y Pedro Moreno, para relatar el acto de despido que se ha dado en los hechos, ya que desde el 3 de enero no se les asigna trabajo para ejecutar actos de cobranza.

Los ingresos económicos que ellos tienen se basan en los pagos que logre recibir la Secretaría de Hacienda, por parte de los Contribuyentes.

Víctor Hugo Ramírez Suárez, ejecutor fiscal de la Secretaría de Hacienda estatal, desde 2002:

“A partir del 3 de enero del año en curso, no hemos tenido ninguna actividad laboral

y la única explicación que se nos dio es que crearon el nuevo Sistema Estatal Tributario y estuvimos esperando los estatutos y modificaciones al Código, que dependían del Congreso y hasta la fecha no nos han resuelto nada.

No se nos ha dicho si estamos despedidos, porque seguimos recibiendo nuestro cheque,

pero el cheque es por una modalidad que tenemos nosotros, que no pertenecemos a la plantilla presupuestal del estado y nuestro sueldo es con base en los gastos de ejecución”, indicó.

Los trabajadores de la Secretaría de Hacienda señalaron que el Congreso cuando aprobó la creación del SET, condicionó al gobierno estatal a respetar los derechos laborales de sus colaboradores, lo que no sucedió con los ejecutores fiscales.

Añadieron que tienen la sospecha de que los quieren quitar a ellos, para contratar a personas allegadas al gobierno estatal que va de salida. Sin embargo, están pisoteando sus derechos laborales.

“Sí, se presentó una queja ante la CEDHJ, fuimos todos los compañeros, metimos nuestra queja y estábamos solicitando reinstalación de nuestras actividades

y es por lo que nos estamos viendo afectados. Lo que sigue será irnos por la vía legal, es la única que nos dejan, ya que hemos tenido varias pláticas con personal de la Secretaría de Hacienda, pero nunca nos ha dado la cara el secretario de Hacienda, que es nuestro jefe o nuestro patrón. No hemos tenido ninguna reunión con él y las personas que nos han atendido, simplemente nos han dado largas”, subrayó.

Los ejecutores fiscales entrevistados señalaron que, de no resolver el problema, este gobierno le va a heredar al siguiente un gran conflicto laboral, ya que cada ejecutor tiene en promedio entre 15 y 20 años de servicio y de irse a juicios laborales, en promedio, cada caso implicará el pago para el erario de entre dos y tres millones de pesos, para un total de 197 ejecutores fiscales.