Guadalajara, Jalisco.

El Fideicomiso de Apoyo y Seguridad Social (FIASS) creado en 1998 para pagar una pensión a las víctimas de las explosiones del 22 de abril de 1992, está a punto de descapitalizarse.

De ese fondo se otorgan pensiones a 52 lesionados y en forma indirecta apoya a 56 hijos, padres y cónyuges, pero podría quedarse sin dinero en febrero de 2025.

Integrantes del Colectivo de Víctimas de las Explosiones del 22 de Abril en Guadalajara advirtieron el riesgo de que el Fideicomiso se quede sin recursos, por lo que hicieron un llamado al gobierno federal para que

“rescaten” en forma solidaria al fondo de apoyo,

explicó David Méndez, representante del Grupo Unido de Discapacitados en Solidaridad AC.

“La Administración que concluye para nosotros –porque el próximo año ya no estará presidiendo el aniversario la administración de Enrique Alfaro- fue de lo peor que pudo habernos ocurrido en estos 32 años en el tema 22 de Abril. Se simuló atendernos,

se simuló escucharnos, pero nunca tuvo la intención de velar por nosotros y por nuestros intereses”, aseveró.

David Méndez dijo que esperar que se les haga justicia y se les finque alguna responsabilidad a los funcionarios responsables de las explosiones en 1992, “es casi imposible”. Incluso, denunció que diferentes instancias de gobierno buscan “borrar” la memoria del archivo de lo sucedido aquel “martes negro”. 

• Sonia Solórzano, vocera del colectivo, pidió a los tapatíos que no olviden la tragedia de hace 32 años.

“Creo que es momento de pedirle a la ciudadanía, al igual que en 1992, que sean empáticos, que se solidaricen con nosotros.

Voy a poner un ejemplo muy básico, si a una persona la atropellan en la calle ¿legalmente qué pasa?, quien ocasiona el daño está obligado a resarcir el daño y hacer justicia para la víctima. Les pregunto

¿por ser víctimas del 22 de abril no tenemos ese derecho?.

Yo no pedí vivir la tragedia, los compañeros mucho menos, tengo derecho a esa exigencia de justicia y verdad”, explicó.

• En este sexenio, fallecieron ocho personas víctimas de las explosiones y hubo tres años de pandemia, lapso en que se afectó la atención médica a los lesionados.