Guadalajara, Jalisco.

La reforma al Poder Judicial, que implica la elección popular de jueces y magistrados, ya está consumada, no hay forma de combatirla más que con una controversia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero es un proceso que podría tardar hasta 10 años.

El presidente del Tribunal de Justicia en Jalisco Daniel Espinosa Licón, explica cuál es el único recurso disponible.

“Creo que ya no hay ningún mecanismo legal que la detenga a menos que la Comisión Interamericana decrete una medida cautelar de suspensión y el presidente decida aceptarla porque puede no aceptarla”.

Añadió que esta reforma no implica resolver los problemas estructurales del Poder Judicial, solo implica que salgan los que están y entren nuevos jueces y magistrados que en vez de hacer exámenes serán elegidos por las personas.

“En el ’25 a quienes antes de esa fecha estén en un proceso de ratificación después de marzo ya no entrarán a ratificación, se irían a la elección y en el ’27 en su totalidad”.

Dijo que esto será lo más complicado:

“El tema de las boletas, imagínense van a ser 206 plazas de jueces entonces tenemos que votar por 600 personas, imagínense”.

• En casos como Venezuela, Honduras o Nicaragua, donde se ordenó restituir a magistrados 10 o 12 años después fue necesario pagarles salarios caídos, fueron condenas millonarias al Estado.